1. Introducción

Una de las características que diferencian a las nuevas derechas latinoamericanas de sus antecesoras y de sus pares europeas es el lugar central que ocupan la lucha contra el aborto, los derechos LGBT y el enfoque de género en sus agendas (Mayka y Smith, 2021; Ubilluz, 2021). La politización de estos temas no solo les ha permitido renovar sus programas políticos, sino también movilizar a los sectores religiosos más conservadores. Las iglesias evangélicas, por ejemplo, han servido como nodos clave para el activismo de las nuevas derechas en la región gracias a su fuerte arraigo en sectores populares y a sus estructuras de movilización (Luna y Rovira Kaltwasser, 2021; Mayka y Smith, 2021).

En el Perú, la oposición a los derechos LGBT y al enfoque de género ha sido liderada principalmente por el contramovimiento evangélico conservador, conformado por iglesias, colectivos y actores evangélicos. Es importante mencionar que el término "evangélico conservador" no es un pleonasmo y que el adjetivo "conservador" se utiliza para distinguir a los evangélicos que se oponen y movilizan contra la despenalización del aborto y, sobre todo, los derechos LGBT. En tal sentido, así como hay un sector conservador, también existen evangélicos moderados y progresistas, principalmente vinculados a la defensa de los derechos humanos y temas sociales y ambientales (Pérez Vela, 2016). Sin embargo, no se puede negar que los evangélicos conservadores son los que se han "posicionado como la fuerza política e ideológica más potente en el mundo evangélico" (Fonseca, 2022, p. 14).

Las primeras acciones del contramovimiento evangélico conservador en el Perú comenzaron en 2009, tras la presentación del primer proyecto de ley contra los crímenes de odio. Desde entonces, el contramovimiento ha contribuido a detener o revertir las iniciativas a favor de sancionar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, endurecer las penas para los crímenes de odio contra las personas LGBT, legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo e incorporar el enfoque de género en las políticas públicas. Su campaña más reciente fue contra la "ideología de género", término paraguas que agrupa a las luchas feministas y del movimiento LGBT en un solo "enemigo". Según sus detractores, el género no es una categoría de análisis sociológico, sino "una ideología que pretende eliminar la idea de que los seres humanos se dividen en dos sexos" (Alzamora, 2006, p. 593).

A partir de la literatura sobre movimientos sociales, se sostiene que lo logrado por el contramovimiento se debe al compromiso militante de sus bases y a su capacidad de movilización (factores endógenos), pero también a algunas coyunturas políticas favorables y a las alianzas que establecieron (factores exógenos). Este artículo se ocupa de este último factor (las alianzas) y tiene como objetivos identificar a los principales aliados del contramovimiento y analizar la relación de este con cada uno de ellos. Se argumenta que el respaldo de congresistas conservadores, la alianza con la Iglesia católica y el soporte de las redes transnacionales provida y profamilia aportaron una serie de recursos institucionales, políticos, organizacionales y económicos que aumentaron las posibilidades de éxito del contramovimiento y a su vez le permitieron movilizarse en diferentes arenas (calles, Congreso de la República, medios de comunicación, Poder Judicial) y niveles (local, nacional, transnacional).

Por un lado, los congresistas conservadores utilizaron sus facultades y prerrogativas legislativas para detener o revertir las iniciativas a favor de los derechos LGBT desde el Congreso. De igual manera, usaron su capital político para visibilizar y legitimar las demandas del contramovimiento. Por otro lado, la Iglesia católica usó su influencia política para incidir en las políticas públicas y en la opinión de la ciudadanía. Asimismo, el término "ideología de género", que apareció en la década de 1990 y cuyo origen puede rastrearse hasta el Vaticano (Kuhar y Paternotte, 2017), fue aprovechado por el contramovimiento para enmarcar con éxito su campaña contra el enfoque de género. Por último, las redes transnacionales provida y profamilia enviaron operadores políticos, crearon espacios de encuentro y coordinación a nivel regional, transmitieron conocimientos, socializaron experiencias y financiaron la agenda conservadora local.

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se realizó un análisis exhaustivo de fuentes secundarias que incluyó la revisión de las páginas web de los principales diarios y medios digitales independientes del país, así como páginas, blogs y redes sociales de los actores involucrados. También se examinaron documentos oficiales del Congreso como proyectos de ley, informes de semana de representación y actas de comisiones, además de informes de organizaciones de derechos humanos (por ejemplo, véase Defensoría del Pueblo, 2016). Ello fue complementado con entrevistas a actores clave, entre académicos, pastores, políticos evangélicos y otros².

Primero, se construyó una base de datos histórica de los proyectos de ley a favor de las personas LGBT (2001-2021). Se utilizaron palabras clave para buscar los proyectos de ley en la página web del Congreso de la República y se revisaron los informes anuales sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú de PROMSEX (2009-2021). Una vez construida la base de datos, y con ayuda de los documentos mencionados, se identificaron seis iniciativas que generaron mayor controversia en el debate público y, por lo tanto, una mayor oposición por parte del contramovimiento ("detonantes" de la contramovilización). Después se revisó la cobertura mediática de esas iniciativas para reconstruir los episodios y ubicar los hitos más importantes. A partir de esos episodios se identificaron los actores involucrados y se rastreó su participación en las distintas coyunturas para, finalmente, analizar su relación con el contramovimiento.

El artículo se divide en cuatro secciones. Primero, se introducen las categorías y enfoques de la literatura sobre movimientos sociales que se utilizarán para analizar el caso de estudio. Segundo, se explica por qué el contramovimiento surgió en 2009 y no antes, se propone una periodización de la contramovilización y se resumen los principales episodios a partir de los detonantes identificados. Tercero, se analiza la relación del contramovimiento con sus aliados en función a los recursos que aportaron. Finalmente, se presentan las conclusiones.

2. Contramovimientos, aliados y recursos

Desde la década de 2010, la presencia pública de los evangélicos en América Latina se ha caracterizado principalmente por los movimientos provida y profamilia (Córdova, 2014). A diferencia de otras expresiones políticas contenciosas como las revoluciones, los movimientos sociales combinan (i) campañas de demandas que se sostienen a lo largo del tiempo; (ii) un conjunto de actuaciones públicas como marchas, mítines, manifestaciones, entre otras; (iii) una identidad colectiva compartida que se demuestra pública y repetidamente a través del uso de colores, consignas, carteles y otros elementos; y (iv) bases que se sostienen en organizaciones o redes (Tilly y Tarrow, 2015, p. 11). En tal sentido, un movimiento social es una "red de interacciones informales entre una pluralidad de individuos, grupos y organizaciones, comprometidos en un conflicto político y cultural sobre la base de una identidad colectiva compartida" (Diani, 2015, p. 3), que emprende una campaña de demandas sostenida en el tiempo, y que usa los mismos repertorios de acción en más de una ocasión para expresar sus reclamos (Tilly y Tarrow, 2015, p. 11).

Al estar involucrados en un conflicto político y cultural, los movimientos sociales crean las condiciones que generan su propia oposición, que puede tomar forma de contramovimiento (Meyer y Staggenborg, 1996; Tarrow, 1997; Zald y Useem, 1987); es decir, un movimiento social que se moviliza de manera simultánea y en oposición a otro movimiento que lo antecede (Meyer y Staggenborg, 1996). Otros autores tienen una mirada más amplia: los contramovimientos no solo se oponen a otros movimientos sociales, sino principalmente al cambio social; es decir, buscan mantener el statu quo (Mottl, 1980; Zald, 1979). Sin embargo, hay quienes insisten en que la característica que define a un contramovimiento es su dependencia y reacción a un movimiento que lo antecede (Lo, 1982; Zald y Useem, 1987). Lo cierto es que, "una vez que se moviliza un contramovimiento, el movimiento y el contramovimiento reaccionan entre sí" (Meyer y Staggenborg, 1996, p. 1632).

Un contramovimiento surge cuando (i) un movimiento muestra signos de éxito, (ii) los intereses de un grupo se ven amenazados por los objetivos de ese movimiento y (iii) existen aliados políticos disponibles para ayudar a la movilización de la oposición (Meyer y Staggenborg, 1996). Respecto a los aliados, Dieter Rucht (2004) señala que los movimientos sociales solo pueden entenderse en términos relacionales por su doble necesidad de enfrentarse a un oponente y a la vez atraer a posibles aliados. Según el autor, los aliados pueden ser analizados al interior del movimiento, pero también con su entorno. En dicho sentido, los movimientos sociales no son entidades solitarias, sino que son complejas redes de individuos, grupos y organizaciones que comparten un objetivo común y construyen una identidad colectiva. No obstante, Rucht (2004) asegura que sus partes pueden mantener distintos tipos de relaciones, que van desde la cooperación y la competencia hasta el conflicto. De igual manera, advierte que los movimientos sociales también pueden formar alianzas con actores que no son parte del movimiento, como otros movimientos, grupos de interés, partidos políticos, élites, intelectuales, medios de comunicación, etc.

Según Rucht (2004), los movimientos sociales buscan aliarse con grupos ajenos al movimiento principalmente porque tienen objetivos, estrategias y oponentes en común, pero también porque esos otros grupos poseen fortalezas potenciales que los movimientos no tienen. De tal forma, señala que, por ejemplo, los partidos políticos tienen acceso al Congreso y al gobierno, los medios de comunicación cuentan con una gran audiencia y las élites son cercanas a los tomadores de decisiones e influyen en la opinión pública. Asimismo, sostiene que estos grupos tienen interés en colaborar con los movimientos porque estos últimos pueden aportar nuevas ideas, movilizar a sus bases y darles una imagen más radical. De ahí que los partidos de oposición tiendan a buscar vínculos con grupos extraparlamentarios de ideas afines para fortalecer su posición frente al gobierno.

Además, los aliados importan porque ofrecen una serie de recursos que aumentan las posibilidades de éxito de un movimiento (McCarthy y Zald, 1977). Si bien los recursos provienen en un principio de los miembros del movimiento (dinero, trabajo, liderazgos), también pueden provenir de fuentes externas (McCarthy y Zald, 1973 y 1977). De hecho, uno de los aportes del enfoque de la movilización de recursos ha sido subrayar la importancia de las contribuciones externas y la cooptación de recursos institucionales por parte de los movimientos sociales (Jenkins, 1983). Como explica J. Craig Jenkins (1983), los movimientos sociales fueron concebidos inicialmente como actores situados fuera de la política institucional, por lo tanto, se asumía que obtenían sus recursos de fuentes no institucionales; es decir, de sus miembros o beneficiarios directos. Sin embargo, los movimientos de las décadas de 1960 y 1970 desafiaron esa premisa, no solo porque consiguieron apoyo dentro de las clases altas y medias acomodadas, sino también porque cooptaron recursos institucionales de fundaciones privadas, instituciones de bienestar social, medios de comunicación, universidades, agencias gubernamentales, e incluso corporaciones empresariales (Jenkins, 1983).

Pese a su importancia, el concepto "recurso" no ha sido propiamente definido en la literatura sobre movimientos sociales y la tendencia ha sido considerar como recurso todo aquello que las organizaciones de los movimientos sociales necesitan para movilizarse y perseguir sus objetivos (Cress y Snow, 1996; Jenkins, 1983). Por ejemplo, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (1997) hacen énfasis en el dinero, las instalaciones, el trabajo y la legitimidad; mientras que Charles Tilly (1978) destaca la importancia de la tierra, el trabajo, el capital y el expertise técnico. Otros autores han sistematizado los recursos que han identificado y propuesto tipologías. Edward Freeman (1979), por ejemplo, clasifica de manera muy general a los recursos en dos grandes grupos: tangibles (dinero, instalaciones, medios de comunicación) e intangibles o humanos (habilidades organizativas y legales, y mano de obra no especializada); mientras que Daniel Cress y David Snow (1996) proponen una clasificación mucho más elaborada que incluye cuatro categorías: recursos morales (respaldo de actores y organizaciones externas), materiales (bienes tangibles y servicios), informacionales (conocimiento útil para el mantenimiento y movilización de la organización) y humanos (gente que dona dinero, tiempo y energía).

3. El contramovimiento evangélico conservador: el caso peruano (2009-2019)

Los evangélicos son la primera minoría religiosa del Perú (INEI, 2018). Durante décadas se caracterizaron por su histórica resistencia a la participación política (López, 2008; Pérez Vela, 2016; Pérez Guadalupe, 2017); sin embargo, desde los años ochenta del siglo XX, diversos sectores -progresistas y moderados en un inicio, y luego de la corriente neopentecostal y de tendencia conservadora- empezaron a incursionar en la vida política del país (Pérez Guadalupe, 2017). La etapa más reciente de la participación política de los evangélicos tiene como protagonista a un sector que se opone, principalmente, al reconocimiento de los derechos LGBT. Por lo tanto, este contramovimiento surgió en reacción y oposición al movimiento LGBT local. ¿Pero por qué empezó a movilizarse desde que se presentó el proyecto de ley contra los crímenes de odio en 2009 y no a partir de 2001, cuando se discutieron los primeros proyectos de ley contra la discriminación por orientación sexual en el Perú? En otras palabras, ¿por qué no surgió antes?

En primer lugar, la población evangélica era mayor en 2009 que en 2001. Así como en otros países de América Latina, en el Perú también se observa desde hace unos años un crecimiento evangélico a costa del decrecimiento católico (Pérez Guadalupe, 2017), pero este crecimiento no es tan pronunciado como en Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador o Brasil, en donde los evangélicos representan a más del 25% de la población (Pew Research Center, 2014). Como se muestra en la Figura 1, a comienzos de los años noventa, los evangélicos no representaban ni el 10% de la población peruana, pero un poco más de veinte años después, la población evangélica se duplicó porcentualmente hasta consolidarse como la primera minoría religiosa. Sin embargo, el factor demográfico no es suficiente para explicar por qué el contramovimiento surgió en 2009 y no antes.

Un segundo aspecto a considerar es que, a partir de 2010, la agenda evangélica cambió. Durante la década de los años 2000, la principal lucha de los evangélicos fue por un mayor reconocimiento público y estatal. En ese sentido, la agenda evangélica era confesional; es decir, priorizaba los temas relacionados con sus iglesias y sus derechos como creyentes (Tello, 2019). Sin embargo, luego de que en 2010 lograran la institucionalización de la ceremonia evangélica de Acción de Gracias como una actividad oficial por Fiestas Patrias y la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa, los políticos evangélicos, en su mayoría neopentecostales, dejaron de lado la agenda confesio-

nal y la reemplazaron por una agenda moral influenciada y promovida por la derecha cristiana norteamericana (Tello, 2019). Esta nueva agenda se caracteriza por su oposición a la despenalización del aborto, pero principalmente por su rechazo al reconocimiento de los derechos LGBT, como el matrimonio igualitario (Tello, 2019). De ahí que quienes promueven y defienden esta agenda se identifiquen como "provida" y "profamilia".

Por último, las personas LGBT y sus demandas recién ganaron mayor visibilidad en el Perú a partir de la década de 2010 y no antes como en otros países de la región, en donde algunos derechos LGBT ya eran reconocidos (Corrales, 2020). Por ejemplo, de las 13 organizaciones políticas que participaron en las Elecciones Generales de 2011, solo tres incluyeron en sus planes de gobierno propuestas a favor de la comunidad LGBT (PROMSEX, 2012). Sin embargo, durante la campaña, la discusión sobre las uniones entre parejas del mismo sexo irrumpió en el debate público³ y hubo candidatos que se mostraron abiertamente a favor.

Asimismo, durante el período parlamentario 2011-2016 se presentaron 14 proyectos de ley a favor de las personas LGBT (véase Tabla 1), entre ellos el proyecto de unión civil, cuyo debate tuvo una amplia cobertura mediática desde fines de 2013 hasta mediados de 2015. De igual manera, en la campaña electoral de 2016, nuevamente se discutió el tema de los derechos de las personas LGBT. Esta vez, 6 de los 19 partidos políticos incluyeron propuestas a favor en sus planes de gobierno (PROMSEX, 2016). Por otro lado, hubo cinco candidatos al Congreso abiertamente LGBT y dos de ellos resultaron elegidos: Carlos Bruce y Alberto de Belaunde (PROMSEX, 2016).

Fuente: Pérez Guadalupe (2017) e INEI (2018). Elaboración propia.

Figura 1 Porcentaje de población católica y evangélica en el Perú, 1972-2017 

Por lo tanto, el crecimiento demográfico fue una condición necesaria, pero no suficiente, para el surgimiento del contramovimiento evangélico conservador. Adicionalmente ocurrieron dos procesos que explican la emergencia del contramovimiento. Por un lado, las prioridades de los evangélicos cambiaron una vez consiguieron un mayor reconocimiento público y estatal: pasaron de una agenda confesional a una agenda moral promovida principalmente por evangélicos neopentecostales e influenciada por la derecha cristiana norteamericana. Por otro lado, las crecientes demandas de la población LGBT en el Perú exigieron una respuesta del Estado peruano. Frente a la posibilidad cada vez más real de que se reconozcan los derechos de las personas LGBT en el Perú, el conservadurismo evangélico empezó a movilizarse y a sumar esfuerzos con otros actores conservadores.

La contramovilización del conservadurismo evangélico (2009-2019) puede dividirse en tres etapas. Durante la primera (2009-2011), el contramovimiento recurrió principalmente al lobby político para contrarrestar el avance de los derechos LGBT y se sumó a las marchas del conservadurismo católico⁴. Esta etapa tiene como protagonistas a los hermanos José y Carlos Linares, presidentes de la Coalición Internacional Pro Familia (Ciprofam) y Movimiento Nacional Pro Familia respectivamente. La segunda etapa (2011-2016) empezó con la fundación de la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam) y la elección de Julio Rosas, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera, como congresista. En esta etapa, el contramovimiento organiza sus primeras movilizaciones⁵, las marchas se vuelven la principal táctica en su repertorio de acción colectiva y el congresista Rosas se convierte en el político profamilia más reconocido. La etapa más reciente (2016-2019) se caracterizó por la campaña contra el enfoque de género del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Durante esta etapa se consolidó el liderazgo de Christian Rosas, hijo del congresista Rosas, y aparecieron nuevas figuras como la abogada Beatriz Mejía y los esposos Guillermo y Milagros Aguayo, pastores de la Casa del Padre.

El detonante de la contramovilización evangélica fue el proyecto de ley contra los crímenes de odio (PL N.º 3584/2009-CR), presentado en octubre de 2009 por el congresista Carlos Bruce. En junio de 2010, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso recomendó por mayoría aprobar el proyecto de ley y por ese motivo José Linares se reunió con algunos congresistas para comprometerlos a votar en contra del proyecto (PROMSEX, 2010, p. 36). Linares consiguió el apoyo de los congresistas oficialistas César Zumaeta, Mercedes Cabanillas y Jorge del Castillo, quienes rechazaron públicamente el proyecto de ley contra los crímenes de odio. También logró que los congresistas Luis Falla Lamadrid⁶ y Wilder Calderón⁷ retiraran sus firmas del proyecto que inicialmente suscribieron (PROMSEX, 2010, p. 36). Finalmente, el debate del proyecto fue postergado y nunca fue debatido en el pleno del Congreso.

La segunda etapa de la contramovilización empezó con la fundación de Conapfam y la elección del pastor Julio Rosas como congresista para el período parlamentario 2011-2016. En junio de 2011, Christian Rosas fundó Conapfam para articular la campaña contra la propuesta de ordenanza municipal que buscaba promover el derecho a la igualdad y la no discriminación por identidad de género y orientación sexual en Lima Metropolitana, bautizada por sus detractores como "ordenanza gay" (Fonseca, 2018, p. 25). Entre 2011 y 2013, Conapfam convocó a marchas en Lima que contribuyeron a que el debate sobre la ordenanza fuera postergado y finalmente nunca fuera promulgada durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán.

Durante esta etapa, el contramovimiento se opuso a dos proyectos de ley presentados por el reelecto congresista Bruce. El primero de ellos fue el proyecto de ley contra las acciones criminales originadas por motivos de discriminación (PL N.° 609/2011-CR), que incluyó la orientación sexual e identidad de género de la víctima. En un inicio, el proyecto fue ampliamente respaldado (PROMSEX, 2012, p. 63); sin embargo, algunos congresistas como Julio Rosas, Humberto Lay y Martha Chávez se opusieron (PROMSEX, 2014, p. 29). Finalmente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que no incluyó las categorías "orientación sexual" ni "identidad de género". Una vez en el pleno, el dictamen fue aprobado y la ley publicada solo colocó como circunstancias agravantes "los móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole" (PROMSEX, 2014, p. 32).

El otro proyecto de ley fue el de unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo (PL N.° 02647/2013-CR). Para impedir su aprobación, Conapfam organizó eventos, recolectó y presentó miles de firmas contra el proyecto de ley y convocó a marchas (Alemán, 2018; Avellaneda, 2017). A estas acciones se sumaron las iniciativas de los colectivos católicos Parejas Reales y ¡Referéndum Ya! (Avellaneda, 2017). Luego de aplazar por meses su debate, el proyecto fue discutido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso en marzo de 2015, pero no alcanzó los votos necesarios para que fuera debatido en el pleno del Congreso y fue archivado⁸.

La última etapa de la contramovilización inició a fines de 2016 con la campaña contra el enfoque de género. En junio de ese año, el Ministerio de Educación aprobó el nuevo currículo escolar y pocos meses después Conapfam y la Fundación Salvemos a la Familia de los pastores y esposos Guillermo y Milagros Aguayo denunciaron que el nuevo currículo promovía la ideología de género. En noviembre de 2016, ambas organizaciones presentaron públicamente al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, el cual contó con el respaldo inicial de varias de las iglesias evangélicas más importantes del país⁹ y rápidamente logró convertirse en la principal organización del contramovimiento¹⁰.

En enero de 2017, el colectivo católico Padres en Acción presentó una demanda contra el currículo escolar para detener su implementación¹¹. A su vez, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas se propuso erradicar el enfoque de género del ordenamiento jurídico y las políticas públicas del país. Por ese motivo, organizó marchas contra el decreto legislativo que buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género (DL 1323) por pretender modificar el Código Penal para prohibir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Finalmente, cinco decretos legislativos, entre ellos el 1323, fueron derogados de manera parcial al eliminar toda referencia sobre el enfoque de género y la población LGBT (De Belaunde, 2019).

4. Los aliados del contramovimiento evangélico conservador como fuentes de recursos para la movilización

El respaldo de congresistas conservadores, la alianza con la Iglesia católica y el soporte de las redes transnacionales provida y profamilia aportaron una serie de recursos institucionales, políticos, organizacionales y económicos que aumentaron las posibilidades de éxito del contramovimiento y a su vez le permitieron movilizarse en diferentes arenas y niveles. (Tabla 2)

4.1. Los congresistas conservadores

Desde 2009, los congresistas conservadores -aquellos que buscan preservar las nociones tradicionales sobre el cuerpo, la sexualidad y la familia- han proporcionado una serie de recursos institucionales y políticos que han contribuido a contrarrestar el avance de los derechos de las personas LGBT. Se identificó que, entre 2009 y 2019, más de 30 congresistas han apoyado la agenda profamilia (véase anexo 1); sin embargo, la elección del pastor Julio Rosas como congresista en 2011 marcó un antes y después en la relación del contramovimiento con el Congreso. Rosas no solo se convirtió en el principal promotor y defensor de la agenda profamilia en el Congreso, sino también en el principal activista institucional del contramovimiento; es decir, un actor dentro del Estado que interviene a favor de los objetivos del movimiento al que pertenece, aprovechando el acceso rutinario a recursos institucionales o al proceso de toma de decisiones para influir en el cambio de las políticas (Alemán, 2018).

En septiembre de 2011, Rosas anunció la formación de un grupo parlamentario cristiano para "atender la problemática de las iglesias y comunidades cristianas de todo el país"¹²; sin embargo, la iniciativa no prosperó. Tras su reelección en 2016, promovió nuevamente -esta vez con éxito- la formación de un bloque evangélico que buscara "poner a la familia como el centro de las políticas públicas"¹³. La denominada "bancada evangélica" recibió el apoyo de otros congresistas, principalmente fujimoristas, a quienes el congresista evangélico Juan Carlos Gonzales denominó "cúpula de simpatizantes"¹⁴.

Recursos institucionales: las facultades y prerrogativas legislativas de los congresistas

El Congreso de la República ha sido una de las principales arenas de disputa por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT. Ahí, los congresistas conservadores han usado sus facultades y prerrogativas legislativas para (i) postergar el debate de proyectos de ley a favor de las personas LGBT; (ii) modificar y derogar iniciativas legislativas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género; (iii) presentar proyectos de ley para prohibir el enfoque de género en las políticas públicas; (iv) citar, interpelar y censurar ministros por las políticas de igualdad de género; (v) organizar conferencias, foros y conversatorios provida y profamilia; (vi) condecorar a activistas conservadores; y hasta (vii) gestionar permisos a favor de las organizaciones del contramovimiento.

Una primera estrategia utilizada por los congresistas conservadores fue postergar el debate de proyectos de ley a favor de la población LGBT para no discutirlos y eventualmente archivarlos. Avellaneda (2017) y Alemán (2018) identificaron que la presentación de contraproyectos¹⁵ por parte de los congresistas Julio Rosas, Martha Chávez, Humberto Lay y Martín Belaunde solo buscó postergar el debate del proyecto de unión civil, el cual fue archivado un año y medio después de haber sido presentado. Anteriormente, el dictamen a favor del primer proyecto de ley contra los crímenes de odio fue aprobado ocho meses después de haber sido presentado, pero nunca fue debatido en el pleno del Congreso (PROMSEX, 2010).

Los congresistas conservadores también modificaron y/o derogaron parcialmente iniciativas legislativas que buscaron proteger a las personas LGBT. Entre 2001 y 2006 se presentaron cinco proyectos de ley para modificar el artículo 323 del Código Penal y/o la Ley contra actos de discriminación y agregar las categorías "orientación sexual" y/o "género", así como dos proyectos de ley para prevenir y eliminar la discriminación por orientación sexual; sin embargo, las siete iniciativas legislativas fueron agrupadas en la Ley N.° 28867, que no incluyó ninguna de las categorías mencionadas. De igual manera, las categorías referidas a la orientación sexual e identidad de género fueron eliminadas del dictamen a favor del proyecto de ley contra las acciones criminales originadas por motivos de discriminación (PROMSEX, 2014), y lo mismo sucedió con el decreto legislativo 1323, que fue derogado parcialmente al eliminar todas las referencias sobre el enfoque de género y la población LGBT (De Belaunde, 2019).

Por otro lado, algunos congresistas presentaron proyectos de ley para prohibir el enfoque de género en las políticas públicas. Por ejemplo, el congresista Luis Galarreta presentó un proyecto de ley para promover la adopción de la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres y excluir del ordenamiento jurídico y las políticas públicas todo término que haga referencia a la ideología de género y a cualquier otro que atente contra la igualdad entre hombres y mujeres (PL N.° 03610/2018-CR). Igualmente, su colega Tamar Arimborgo presentó un proyecto de ley para excluir la ideología de género de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes (PL N.° 03795/2018-CR).

Asimismo, el control político por parte del Congreso hacia las y los ministros de Educación se hizo más frecuente debido a la polémica por la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar. Por ejemplo, en un lapso de ocho semanas, el ministro de Educación Jaime Saavedra fue citado seis veces al Congreso, y durante su gestión (julio-diciembre de 2016), el Ministerio de Educación tuvo que responder a más de seiscientos pedidos de información del Congreso (Sifuentes, 2019, p. 77). Asimismo, entre 2016 y 2019, hubo seis ministros de Educación (en el período anterior solo hubo dos), de los cuales cuatro fueron interpelados (Jaime Saavedra, Marilú Martens, Flor Pablo y Martín Benavides) y uno censurado (Jaime Saavedra), aunque no necesariamente por el enfoque de género.

Las prerrogativas legislativas también fueron utilizadas para organizar conferencias, foros y conversatorios provida y profamilia en la sede del Congreso. Según los informes de representación del congresista Rosas, entre 2013 y 2019 su despacho organizó por lo menos seis eventos, entre ellos "La familia: base y fundamento para el desarrollo de la sociedad"¹⁶, realizado pocos días después de la presentación del proyecto de ley de unión civil. De igual manera, el despacho de la congresista Nelly Cuadros organizó en 2017 el foro "Importancia del fortalecimiento de la familia ante amenazas del siglo XXI", que tuvo como ponentes a Christian Rosas, Agustín Laje y Nicolás Márquez¹⁷.

Estas prerrogativas también fueron usadas para condecorar a activistas conservadores en el Congreso de la República. En 2013, Julio Rosas condecoró al activista anti-LGBT Matthew D. Staver por "su defensa a la vida y a la familia, y el respeto a la dignidad de la persona"¹⁸. Y a fines de febrero de 2016, el despacho del congresista Rosas organizó una ceremonia de condecoración en la que reconoció el trabajo de los voceros del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas¹⁹. A la ceremonia asistieron el entonces presidente del Congreso Luis Galarreta y el congresista evangélico Juan Carlos Gonzales.

Finalmente, los congresistas usaron sus facultades y prerrogativas legislativas para gestionar permisos a favor de las organizaciones del contramovimiento. El 13 de junio de 2017, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas marchó contra el decreto legislativo 1323 y llegó hasta el Congreso de la República. Meses después, el colectivo ocupó la plaza Bolívar, una zona de acceso restringido ubicada frente al Palacio Legislativo, gracias al permiso autorizado por el presidente del Congreso Daniel Salaverry y tramitado por los congresistas Julio Rosas y Pedro Olaechea²⁰. Ambos episodios fueron hechos muy excepcionales, ya que la policía usualmente impide que las marchas lleguen al Congreso y reprime a quienes intentan hacerlo.

Recursos políticos: el capital político de los congresistas

Además de sus prerrogativas y facultades legislativas, los congresistas conservadores también usaron su capital político para visibilizar y legitimar las demandas del contramovimiento. En dicho sentido, en este artículo se entiende capital político no como el apoyo electoral que pueda movilizar un congresista, ni su trayectoria política previa, sino como la autoridad que le otorga el cargo político que ostenta y cómo usa ese cargo fuera de la arena legislativa en beneficio de intereses particulares.

Desde su elección como congresista, Julio Rosas participó en cada una de las marchas convocadas por Conapfam, lo que atrajo la cobertura de la prensa. El 12 de julio de 2011 asistió a la primera marcha contra la "ordenanza gay" de la gestión de Susana Villarán, alcaldesa de Lima Metropolitana entre 2011 y 2014. También participó en la segunda marcha del 14 de julio de ese mismo año y en la movilización del 23 de enero de 2013. De igual manera, encabezó las marchas contra el proyecto de unión civil que se realizaron el 20 de marzo y 3 de mayo de 2014.

Con la fundación del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, otros congresistas empezaron a participar en las marchas del contramovimiento. Entre diciembre de 2016 y mayo de 2019, el colectivo convocó a seis movilizaciones. De los 130 congresistas del período 2016-2019, 23 participaron en por lo menos una de las marchas en Lima. De esos 23 congresistas, 18 entraron al Congreso por Fuerza Popular, 3 lo hicieron por Peruanos por el Kambio y 2 candidatearon por Alianza para el Progreso. (Figura 2)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2 Número de congresistas que participaron en las movilizaciones convocadas por el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas (2016-2019) según partido político 

La presencia de congresistas en las marchas del contramovimiento atrajo la cobertura de los medios de comunicación. Así, los congresistas conservadores aprovecharon las cámaras para respaldar públicamente a la ciudadanía movilizada, enarbolar sus banderas y exigirle al gobierno "que quite toda ideología de género de las políticas públicas"²¹.

Este apoyo público no solo se dio en las calles, sino también en las redes sociales. Por ejemplo, para la marcha del 15 de noviembre de 2018, ocho congresistas, entre ellos los fujimoristas Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Nelly Cuadros, Marco Miyashiro, Glider Ushñahua y Juan Carlos Gonzales, participaron en videos que fueron publicados en las redes sociales del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas invitando a la ciudadanía a sumarse a la movilización. Arimborgo, Miyashiro y Gonzales volvieron a grabar spots para la marcha del 24 de mayo de 2019.

Los congresistas fujimoristas también asistieron como invitados a eventos organizados por los líderes del colectivo. El 28 de agosto de 2019, se realizó un diálogo entre activistas provida y profamilia y congresistas de la República en el Club de la Banca y Comercio de Lima. Entre los asistentes se encontraron el vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas Christian Rosas, el presidente del Congreso Pedro Olaechea y las congresistas fujimoristas Tamar Arimborgo, Milagros Salazar y Rosa Bartra.

4.3. Las redes transnacionales provida y profamilia

Las Conferencias de El Cairo (1994) y de Beijing (1995) precipitaron el surgimiento de un contramovimiento conservador transnacional que tuvo como principal objetivo detener y revertir el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mundo (Kuhar y Paternotte, 2017). Pocos años después, las redes transnacionales de este contramovimiento desplegaron nuevamente una serie de campañas y estrategias, pero esta vez para contrarrestar además el reconocimiento de los derechos LGBT y la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas (Kuhar y Paternotte, 2017).

Para el caso peruano, se identificaron dos redes transnacionales que han contribuido a la causa del contramovimiento: una de origen norteamericano y otra de raíces latinoamericanas. La primera está compuesta por una "constelación de telepredicadores, universidades evangélicas, asociaciones civiles e instituciones [...] dedicadas a producir y hacer circular discursos en defensa de la vida y la familia" (Córdova, 2014, pp. 121122), mientras que la segunda está conformada por políticos y activistas latinoamericanos provida y profamilia que se reúnen periódicamente para articular esfuerzos, coordinar acciones y socializar experiencias. Estas redes han aportado una serie de recursos políticos, organizacionales y económicos que aumentaron las posibilidades de éxito del contramovimiento local.

Recursos políticos: la influencia de las redes conservadoras

Desde 2009, la estrategia política de los activistas profamilia norteamericanos ha sido viajar por todo el mundo para "advertir" a los demás países de no cometer los mismos "errores" que Estados Unidos²⁷; es decir, reconocer los derechos de las personas LGBT. Por ese motivo, Juan Fonseca (2015) afirma que la Norteamérica evangélica ha producido los mayores difusores de la homofobia reciente. Entre los operadores norteamericanos que llegaron al Perú en la última década para tratar de influir en las políticas públicas se encuentran Matthew D. Staver, abogado y exdecano de la Facultad de Derecho de Liberty University²⁸; Michael L. Brown, conductor y predicador evangélico; Ryan T. Anderson, investigador de la Fundación Heritage²⁹; Thomas Hooker, exdiputado de la Cámara de Representantes del Estado de Míchigan; y el docente Darius Thomson.

Fuente: Elaboración propia con datos de Google Trends.

Figura 3 Interés de búsqueda del término "ideología de género" en el Perú (2009-2019) 

En noviembre de 2013, tres meses después de que fuera presentado el proyecto de ley de unión civil, Mathew D. Staver llegó al Perú "para ayudar al gobierno a combatir el esfuerzo colonialista del presidente Obama que busca obligar a implementar una agenda anti-Dios sobre esta nación"³⁰. Al año siguiente, en marzo de 2014, el despacho del congresista Julio Rosas organizó una conferencia en la que se presentó Michael L. Brown³¹. En 2017, esta vez durante la polémica por el enfoque de género, Ryan T. Anderson y Thomas Hooker se presentaron en la conferencia "El rol del Estado en la promoción del matrimonio", que tuvo lugar en el Congreso de la República³². A inicios de 2019, también se presentó en el Congreso de la República el docente Darius Thomson, quien advirtió sobre los peligros de eliminar la formación de valores del currículo escolar³³.

Por otro lado, los políticos y activistas provida y profamilia latinoamericanos también se han organizado para articular esfuerzos e iniciativas nacionales y aumentar la incidencia e impacto en las legislaciones y políticas públicas a escala regional. Para ello, crearon dos espacios en donde se reúnen periódicamente: el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y el Congreso Hemisférico de Parlamentarios. El primero de ellos se realizó por primera vez en la Ciudad de México en 2017 con el objetivo de "defender los derechos de las familias de Iberoamérica por medio de políticas públicas"³⁴. Al año siguiente, Christian Rosas, Reynaldo Aragón y los esposos Guillermo y Milagros Aguayo fueron ponentes en la segunda edición del Congreso. En esa ocasión también asistieron los congresistas Julio Rosas y Juan Carlos Gonzales. En 2019, el Congreso se realizó en Ciudad de Panamá; y en 2020, en Lima, donde tuvo como anfitriones a los Aguayo.

El segundo espacio de encuentro ha sido el Congreso Hemisférico de Parlamentarios, que reúne a legisladores latinoamericanos para promover el diálogo y cooperación respecto a la dignidad de la persona, la familia y la libertad religiosa³⁵. El Congreso se fundamenta en la convicción de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos "está siendo utilizado para adelantar agendas ocultas de ciertas élites ideológicas y en menoscabo de la soberanía de los países"³⁶. El 10 de abril de 2018, una delegación de esa agrupación fue recibida en el Congreso de la República por los congresistas Julio Rosas y Luis Galarreta. Estos representantes llegaron a Lima con el objetivo de "presionar a las delegaciones de los países que iban a asistir a la VIII Cumbre de las Américas, con sede en Lima, para frenar las iniciativas laicas que diferentes estados de la región promueven en favor de la igualdad de género"³⁷. Una vez instalados en el Perú, los legisladores conservadores se reunieron con los congresistas peruanos Julio Rosas y Carlos Tubino en el Congreso de la República³⁸.

Debido a esta articulación transnacional, los voceros del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas han podido asistir a las sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde utilizan el lenguaje de los derechos humanos para oponerse a los derechos de las personas LGBT y los derechos sexuales y reproductivos (Kane et al., 2023). El 3 de junio de 2018, Christian Rosas se presentó en la cuadragésima octava Asamblea de la OEA en Washington como vocero de la "Coalición salud como un derecho humano fundamental". En esa oportunidad, se manifestó contra la eutanasia y el aborto. Al año siguiente, Milagros Aguayo también asistió a la Asamblea de la OEA, en donde fue presentada como representante de la "Coalición para el progreso de la sociedad" y denunció el desmoronamiento de la familia natural en América Latina³⁹.

Recursos organizacionales: la expertise de los activistas conservadores

La articulación transnacional también facilitó la transmisión de conocimientos y la socialización de experiencias entre activistas provida y profamilia para mejorar las estrategias locales. Al ser consultado sobre las visitas de activistas profamilia norteamericanos, el sociólogo Oscar Amat y León comentó lo siguiente:

Están enviado especialistas en incidencia y advocacy para capacitar a los pastores en cuestiones de objeción de conciencia, que es un mecanismo para evitar asumir compromisos que atenten contra las convicciones y creencias personales, solo que ahora lo están utilizando para negar derechos ya conquistados, como, por ejemplo, negarse a reconocer uniones homosexuales. Entonces, están capacitando a pastores en herramientas de ciudadanía tradicionalmente vinculadas a los sectores progresistas, utilizando el discurso de los derechos humanos para restringir derechos. Eso es, para mí, la nueva característica de las formas políticas de estos sectores de la derecha norteamericana que llegan aquí a través de personajes como Rosas o Linares⁴⁰.

Por otro lado, activistas provida y profamilia latinoamericanos también han visitado el Perú. Entre ellos se encuentran el exconcejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez y la exdiputada de Santander (Colombia) Ángela Hernández, quienes llegaron a Lima en 2016 para compartir sus experiencias con los fundadores del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. El primero de ellos interpuso una demanda contra la instalación de dispensadores de preservativos en establecimientos públicos en Bogotá, mientras que la segunda lideró las campañas contra la distribución de cartillas de educación sexual y la inclusión del enfoque de género en los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el Perú, Hernández no solo estuvo en el lanzamiento del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, en donde fue presentada como su "creadora e inspiradora"⁴¹, sino que también asistió a la primera gran marcha nacional del 4 de marzo de 2017. Así como ella, Christian Rosas también ha viajado a otros países de la región para compartir su expertise con otros colectivos y activistas profamilia⁴². Como resultado de esa articulación, el 15 de noviembre de 2018 se realizó de manera simultánea la denominada "marcha continental" contra la ideología de género en Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú.

Recursos económicos: el financiamiento norteamericano

Las organizaciones provida de los Estados Unidos han financiado, o al menos apoyado o alentado, la formación de grupos provida en América Latina y el Perú (Mujica, 2007, p. 54). Por lo tanto, no debería extrañar que también hayan financiado la agenda profamilia y las campañas políticas de sus operadores locales. En la década pasada, el Ministerio Internacional de Desarrollo (Interdes), la ONG fundada por Julio Rosas en 1998, recibió donaciones de organizaciones y comunidades religiosas norteamericanas⁴³. Asimismo, Stephen Guschov, un abogado norteamericano dirigente del movimiento contra los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, fue uno de los principales contribuyentes de la campaña de Rosas en 2011⁴⁴.

No obstante, estas organizaciones no solo habrían financiado a Julio Rosas. Según Raquel Gago, directora ejecutiva de UNICEP, José Linares también recibiría dinero proveniente de Estados Unidos para financiar la agenda profamilia en el Perú. Al respecto, señaló lo siguiente:

Yo he sido candidata para el Congreso en el año 2011 por la lista de PPK [Peruanos por el Kambio], propuesta por el pastor Humberto Lay, y se me acercaron los [hermanos José y Carlos] Linares para ofrecerme financiar la campaña. No acepté, porque era un financiamiento con un compromiso de apoyar una agenda en particular con la cual no estoy de acuerdo, porque restringe derechos. Y por lo que me pudo manifestar el señor José Linares, desde Estados Unidos viene todo un apoyo económico de iglesias ultraconservadoras para trasladar a Perú y a América Latina esta agenda en oposición al lobby gay⁴⁵.

Tales donaciones y la visible prosperidad económica de algunos pastores despertaron el interés periodístico por sus negocios⁴⁶, emprendimientos⁴⁷ y los millonarios ingresos económicos e inmuebles de sus iglesias⁴⁸. Asimismo, las investigaciones policiales⁴⁹ y denuncias por lavado de activos y estafa⁵⁰ ponen en duda las motivaciones detrás de algunos discursos y movilizaciones. ¿Son acciones auténticas y legítimas o se trata de un aprovechamiento económico y político de la fe?

5. Conclusiones

Desde su aparición en 2009, el contramovimiento evangélico conservador ha contribuido a detener o revertir las iniciativas a favor de los derechos LGBT en el Perú. En el transcurso de diez años (2009-2019), el contramovimiento se profesionalizó: pasó de tener activistas poco conocidos que se sumaban a las marchas del conservadurismo católico y que eventualmente se reunían con algunos congresistas para comprometerlos a apoyar su agenda, a tener organizaciones capaces de organizar campañas, convocar movilizaciones a nivel nacional y poner en aprietos a los gobiernos de turno.

En su cruzada contra la "agenda gay" y la "ideología de género", el contramovimiento ha tenido como aliados a congresistas conservadores, un sector de la Iglesia católica y redes transnacionales provida y profamilia, quienes aportaron una serie de recursos institucionales, políticos, organizacionales y económicos que aumentaron sus posibilidades de éxito. Estas alianzas también le permitieron movilizarse en diferentes arenas y niveles. Por un lado, además de disputar la calle, el contramovimiento pudo acceder a la arena legislativa gracias a sus aliados en el Congreso. De igual manera, la articulación transconfesional con el conservadurismo católico posibilitó la formación de redes de profesionales para actuar en el ámbito judicial. Por otro lado, las comunidades e iglesias evangélicas distribuidas en todo el territorio facilitaron la movilización a nivel local y nacional, y el soporte de las redes transnacionales provida y profamilia le permitió al contramovimiento trascender las fronteras nacionales y actuar en espacios multilaterales.

Además, es importante tener en cuenta que la movilización en las distintas arenas no fue necesariamente excluyente, sino que en más de una ocasión se dio en simultáneo. Por ejemplo, entre 2016 y 2019, el contramovimiento convocó a marchas, plantones y piquetes contra el enfoque de género. Estas movilizaciones consiguieron la cobertura de los medios de comunicación, quienes luego invitaron a los voceros del contramovimiento a debatir con funcionarios del gobierno o representantes de organizaciones de la sociedad civil a favor del enfoque de género. En paralelo, los congresistas conservadores presentaron proyectos de ley para prohibir dicho enfoque en las políticas públicas, y el colectivo católico Padres en Acción presentó una demanda judicial para detener la implementación del currículo escolar.

Por otro lado, la presencia de los aliados y la disponibilidad de sus recursos no siempre fueron constantes. Durante el período parlamentario 2006-2011, el contramovimiento solo contó con el respaldo público de 6 de los 120 congresistas, mientras que en el período 2016-2019, 23 de los 130 congresistas apoyaron la agenda profamilia. De igual manera, la alianza entre el contramovimiento y un sector de la Iglesia católica recién se oficializó con la firma de la Declaración de Lima en noviembre de 2016. Asimismo, si bien el apoyo (e influencia) de la derecha cristiana estadounidense existió desde un inicio, su presencia recién se hizo más visible desde 2013, mientras que la de los políticos y activistas provida y profamilia latinoamericanos lo fue desde 2016. De tal forma, entre 2016 y 2019 el contramovimiento aprovechó la experiencia ganada en movilizaciones anteriores (2011-2015), la debilidad de los gobiernos de turno y la confluencia de sus aliados para movilizarse a escala nacional como nunca antes lo había hecho.

Así como el contexto fue muy importante para la movilización del contramovimiento, también lo fue para su posterior desmovilización. Con la disolución del Congreso en septiembre de 2019, el contramovimiento perdió a sus aliados en el Parlamento⁵¹. De los 19 congresistas que buscaron la reelección, cuatro participaron en por lo menos una de las marchas del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, pero ninguno de ellos fue reelegido. Por otro lado, los cambios en la jerarquía católica afectaron la alianza entre el contramovimiento y el conservadurismo católico. El nuevo cardenal Pedro Barreto se mostró a favor del enfoque de género⁵², mientras que monseñor Carlos Castillo, quien reemplazó al cardenal Cipriani como arzobispo de Lima, suspendió de manera indefinida la Marcha por la Vida⁵³.

Con la pérdida de gran parte de sus principales aliados en 2019, el contramovimiento se quedó sin acceso a los recursos que le proveían. Eso explicaría en parte por qué el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas no se moviliza de manera masiva contra el enfoque de género desde 2019⁵⁴. Otros factores a tener en cuenta son las disputas al interior del contramovimiento y la pandemia de covid-19. Sin embargo, un nuevo detonante, un entorno político favorable y la aparición de nuevos y viejos aliados generarían las condiciones para la contramovilización. Por ejemplo, en el actual Congreso (2021-2026), hay tres congresistas vinculados al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, entre ellos la pastora Milagros Aguayo, quienes han sido autores de la Ley N.° 31498, que busca supervisar y vetar contenidos educativos, y la Ley N.° 31935, que reconoce derechos al concebido.

Finalmente, este artículo se enfocó en la dinámica movimiento-contramovimiento y en los aliados del contramovimiento evangélico conservador como fuentes de recursos para la movilización. Se requieren otras investigaciones que estudien al contramovimiento por dentro para identificar mucho mejor a los actores, facciones y dinámicas. Asimismo, se examinó la participación política de los evangélicos desde la acción política contenciosa, enfoque que permitió reconocer el papel de los movimientos sociales como agentes de representación política, pero también cuestionar la separación teórica entre el Estado o los partidos políticos ("actores institucionales") y los movimientos sociales ("actores extrainstitucionales").

Al respecto, el acercamiento entre los partidos políticos de derecha y los evangélicos podría asegurarles nuevos votantes a los primeros, siempre y cuando radicalicen sus agendas, propuestas y discursos contra el enfoque de género y los derechos LGBT, como ha sucedido en otros países de América Latina.