1. Introducción
La obra de Cas Mudde es la más influyente en las ciencias políticas para el estudio de la DRP (Derecha Radical Populista). América Latina no es la excepción. Sus herramientas teóricas son empleadas por Cristóbal Rovira Kaltwasser para discutir el ascenso de José Antonio Kast a la segunda vuelta electoral de Chile, por Ilka Treminio y Adrián Pignatario para explicar cómo Fabricio Alvarado arribó también a la segunda vuelta en Costa Rica, por Marisa Von Bülow y Rebecca Abers para dar cuenta del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, y por Farid Kahhat en Perú en su libro La amenaza fantasma, donde discute el fenómeno de la DRP en América Latina (cfr. Dias, Von Bülow y Gobbi, 2021; Kahhat, 2024; Pignatario y Treminio, 2019 y 2021; Rovira Kaltwasser, 2019; Von Bülow y Abers 2022).
Sin embargo, a pesar de que tan destacados politólogos latinoamericanos han acogido las teorías de Mudde, pienso que estas son insuficientes para entender la singularidad de la DRP en América Latina y, por tanto, también, para describir adecuadamente a la DRP a escala global. En un reciente estudio de Ultra-Lab (Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha), Rovira Kaltwasser también advierte dicha insuficiencia y afirma que "es preciso desarrollar un concepto de ultraderecha lo suficientemente abstracto como para agrupar a diversos actores que comparten una determinada idiosincrasia, pero que presentan diferencias ideológicas a nivel regional y nacional" (2023, p. 4). Lamentablemente ni Rovira Kaltwasser ni los demás autores en la publicación de Ultra-Lab1 acometen seriamente la tarea de mejorar la teorización sobre la DRP.
El objetivo de este escrito es asir la singularidad de la DRP latinoamericana y avanzar hacia una definición más amplia y/o flexible de la DRP a escala global. Para ello comenzaré exponiendo las principales teorizaciones de Mudde sobre la ultraderecha contemporánea. Después presentaré los casos de las DRP en Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Perú y Argentina para, posteriormente, señalar algunas similitudes y diferencias entre la DRP latinoamericana y la DRP europea y estadounidense. Todo esto nos ayudará a precisar los límites eurocéntricos de la teorización de Mudde sobre la DRP. Por último, reelaboraré la definición ideológica de la DRP para poder incluir en ella a la DRP latinoamericana. Siguiendo al psicoanálisis y a la teoría poscolonial, pienso que la atención a la periferia echa luz sobre el centro y, en tal sentido, creo además que la DRP latinoamericana es la verdad (no tan) oculta de la DRP en Europa y en EE. UU., y quizás en el mundo.
2. La derecha radical populista según Mudde
Comencemos precisando algunos términos sobre la derecha, según Mudde. Una cosa es la derecha radical (radical right), otra la derecha extrema (extreme right) y aun otra la ultraderecha (far right). La ultraderecha es el término más amplio que engloba a los otros dos y se refiere a los grupos, movimientos y partidos con posiciones más a la derecha (más autoritarias, antiigualitarias, antiliberales, etc.) que la derecha tradicional. Hay, en aquella, la convicción de que esta ya no representa los intereses del pueblo. En los países donde opera un sistema bipartidista (el Partidos Republicano y el Partido Demócrata en EE. UU, por ejemplo), la ultraderecha se jacta de que solo su voz expresa el descontento popular ya que el partido de derecha tradicional se ha vuelto indistinguible del de izquierda.
Dentro de la ultraderecha se ubican la extrema derecha y la derecha radical. La primera rechaza abiertamente la democracia institucional mientras que la segunda acepta mal que bien sus reglas. De allí que Mudde califique a la extrema derecha de "revolucionaria" y a la radical de "reformista" (2019, p. 29). En EE. UU., por ejemplo, el Klu Klux Klan es una organización de extrema derecha, mientras que el Tea Party es un movimiento de derecha radical que ha conseguido a su vez radicalizar al otrora más tradicional Partido Republicano y hacer posible la candidatura y presidencia de Donald Trump.
También podría decirse que la derecha radical es una bisagra entre la derecha extrema y la democracia liberal, aunque, por supuesto, su relación con esta es problemática. Si bien se presenta regularmente a elecciones, antes y después de tomar el poder, la derecha radical opera "socavando la independencia de las cortes y los medios de comunicación, desairando los derechos de las minorías y debilitando la separación de poderes"2 (Mudde, 2019, p. 206). En este sentido, el radicalismo de la derecha no consiste tanto en que sea antidemocrática como en que sea antiliberal. Por ello, siguiendo a Fareed Zakaria, Mudde llama a este tipo de régimen democracia iliberal (cfr. Zakaria, 1997, pp. 22-43).
Dentro de la familia de la derecha radical, la DRP es hoy la especie más importante. Su existencia se hizo evidente en la década de 1980 con el surgimiento de partidos como el Bloque Flamenco en Bélgica, el Frente Nacional en Francia, los Republicanos en Alemania, etc. Y, con el cambio de siglo, se afianzó como la ideología dominante de la ultraderecha y devino parte del mainstream. No solo porque se volvió aceptable para las coaliciones de gobierno lideradas por la derecha tradicional, sino porque empujó a esta más hacia la derecha y porque sus mismos candidatos han conseguido victorias en elecciones presidenciales y de premieratos, entre ellos, Viktor Orbán en Hungría, Donald Trump en EE. UU., Narendra Modi en India, Jair Bolsonaro en Brasil, Giorgia Meloni en Italia, etc.
La DRP tiene tres coordenadas ideológicas fundamentales3. Primero, es nativista: asume que la nación pertenece a un grupo étnico nativo y percibe a los inmigrantes como una amenaza. El nativismo se desliza hacia la paranoia con el "gran reemplazo", la teoría conspirativa según la cual una élite corrupta quiere reemplazar a la población nativa con inmigrantes que conformen una fuerza laboral más barata y manejable. Segundo, es autoritaria: se trata de un autoritarismo punitivista basado en la idea de una sociedad ordenada donde las transgresiones (la criminalidad, la corrupción, la "disidencia", etc.) deben ser severamente castigadas. Mudde es consciente de que su definición de autoritarismo arriesga confundirse con la de conservadurismo, pero con ella sigue una larga tradición de la psicología social cuyo referente último es La personalidad autoritaria, de Adorno et ál. (1965). De hecho, Pippa Norris y Ronald Inglehart se ubican en la misma tradición al advertir que "hay fuertes lazos entre valores autoritarios y conservadurismo social, porque el valor de la conformidad enfatiza la importancia del orden, la tradición y la estabilidad" (2019, p. 71). Finalmente, la DRP -como lo indica su nombre- es populista: el populismo definido como una "ideología delgada" que enfrenta al pueblo virtuoso contra la élite corrupta. Pero aquel -hace falta recordar- es un pueblo étnico que se yergue contra la inmigración y la élite cosmopolita. Como lo explica David Goodheart, la ultraderecha expresa la voz de los somewheres (los que "tienen raíces" en un territorio) contra la de los anywheres (los que pueden vivir en cualquier metrópolis globalizada) (en Brown, 2019, p. 184).
Ahora bien, para Mudde la ultraderecha expresa el descontento de "los perdedores de la globalización". Si bien los obreros europeos se enfurecen cuando sus empleos se tercerizan a India o a China, actualmente la DRP presta más importancia a los temas culturales. Por eso mismo Mudde complementa la tesis de "los perdedores" con la de "la reacción cultural" (cultural backlash) de Norris e Inglehart, la cual implica que los electores votan por la DRP cuando perciben que su identidad cultural está amenazada. Sin duda también lo cultural se entrelaza con lo económico, como en el chovinismo del bienestar (welfare chauvinism), que restringe el asistencialismo a la población nativa. Pero, a fin de cuentas, Mudde coincide con Norris e Inglehart en que la DRP traduce los temas económicos en términos socioculturales (Norris e Inglehart, 2019, p. 101; Mudde, 2019, p. 184).
La ultraderecha, según Mudde, tiene cuatro temas políticos: la inmigración/integración, la seguridad, la corrupción y la política exterior4. La inmigración/integración es el tema central. La derecha extrema rechaza a los inmigrantes por su raza, mientras que la DRP lo hace por su etnia y denuncia la incapacidad o la falta de voluntad del "huésped" para integrarse a las costumbres del pueblo "anfitrión". De esta manera, el rechazo de la inmigración va de la mano con el repudio al multiculturalismo y la convivencia de múltiples etnias/culturas en un territorio. Es más, la ultraderecha responde a esta idea de la izquierda posmoderna con el etnopluralismo: la idea de que el mundo está dividido en grupos étnicos que pueden tener igual valor, pero que deben existir separados en sus respectivas naciones.
El tema de la seguridad implica soluciones autoritarias al crimen organizado, pero en Europa y EE. UU. se conecta fuertemente con la inmigración; se asume que son los inmigrantes de algunos países quienes traen inseguridad al orden social. Recuérdese cómo Trump estigmatizaba a los inmigrantes mexicanos de violadores y vendedores de droga, y proponía construir un muro en la frontera con México. Sin embargo, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el nexo entre seguridad e inmigración se engarza fuertemente con el terrorismo del islamismo radical. El inmigrante islámico atentaría no solo contra la seguridad de los habitantes nativos, sino también contra el corazón de la nación.
Por otra parte, el tema de la corrupción atañe a la "élite corrupta", la cual puede estar conformada, de un lado, por políticos tradicionales y élites económicas, y del otro, por activistas o burócratas adeptos al "marxismo cultural" que corrompen a la juventud y a las mujeres. Entiéndase por este último término a la política marxista que, habiendo fracasado en la lucha económica contra el capital, ahora se infiltra en el Estado e instituciones internacionales para emprender batallas culturales (de género, ecologistas, multiculturales, etc.).
Finalmente, la política exterior atañe al irredentismo, es decir, al deseo de recuperar territorios perdidos, como Hungría, por ejemplo, que perdió dos tercios del suyo en el Tratado de Trianón. Pero, más importante aún, este tema responde al deseo de defender la soberanía nacional contra entidades internacionales como la UE (Unión Europea), la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y las ONG (Organizaciones No Gubernamentales). Los gestores del Brexit, por ejemplo, propusieron retirar al Reino Unido de la UE aduciendo que la burocracia de Bruselas impone a las naciones innecesarias regulaciones políticas y económicas. Igualmente, la protección de la soberanía se acopla a la corrupción moral del pueblo por parte de la misma UE y otros organismos internacionales que, infiltrados por el "marxismo cultural", atentan contra el modo de vida local (la familia, las tradiciones étnicas y religiosas, etc.). Es un deseo maligno similar el que actualmente impulsaría a George Soros a financiar, mediante su Open Society Foundations, al feminismo, la liberalización de la marihuana, el matrimonio homosexual, etc.
Los temas de la inmigración/integración, la seguridad, la corrupción y la política exterior se acoplan de diversas maneras. Ya hemos visto que la inmigración/integración se engrana con la seguridad a través de la criminalidad y del terrorismo, y que la corrupción (moral) se engarza a la política exterior en torno a la defensa de la soberanía contra organismos supranacionales que intervienen en la economía o las costumbres del pueblo. Mudde parece reconocer que los cuatro temas no aparecen en cada país, pero implícitamente asume que el de la inmigración/integración se da en todos. Y esto porque el nativismo, que necesariamente implica a la inmigración/integración, forma parte del núcleo triádico ideológico de la ultraderecha global (nativismo-autoritarismo-populismo).
Hacia el final del segundo capítulo de The Far Right Today (que trata de la ideología y los temas de la ultraderecha), Mudde incluye una sección sobre la religión donde sostiene que, si bien tradicionalmente los partidos de la DRP europea han tenido una perspectiva secular, hoy estrechan lazos con el cristianismo a partir de la creciente islamofobia (2019, p. 87). Así, la narrativa del partido polaco PiS (Prawo i Sprawiedliwość [Ley y Justicia]) imagina a Polonia como "el bastión de la cristiandad" contra la casi inexistente inmigración musulmana, pero también contra "la civilización de la muerte", vale decir, el progresismo cultural de la UE (Pytlas, 2016, pp. 86-124).
A lo que apunta Mudde es a demostrar que, en la DRP, la religión se acopla al nativismo. Ello se advierte, por ejemplo, en Israel, donde la alianza del sionismo religioso pretende fortalecer la identidad judía imponiendo leyes religiosas en la vida pública a fin de asegurar que los árabes israelíes sigan siendo ciudadanos de segunda categoría (Mudde, 2019, pp. 8697). A pesar de que Mudde no alcanza a teorizarlo, desde su obra se abre la posibilidad de que se pueda formular una tríada más flexible como, por ejemplo, nativismo y/o religión-autoritarismo-populismo. Más adelante desarrollaré mejor este punto.
3. La derecha popular populista en América Latina
A continuación paso revista a los candidatos de la DRP en Brasil, Costa Rica, Chile, Perú y Argentina, concentrándome en los temas y procesos políticos con que cogieron momentum electoral. También abundaré en los gobiernos nacionales de Jair Bolsonaro, Nayib Bukele y Javier Milei, y el gobierno edil de Rafael López Aliaga, a fin de precisar mejor sus temas o dar cuenta de la aparición de otros nuevos. Si incluyo a Bukele en esta relación es porque, si bien no estuvo cerca de la DRP como candidato, ahora sí lo está como presidente.
3.1. Jair Bolsonaro contra la corrupción del Partido de los Trabajadores
Durante la década de 1990 Jair Bolsonaro adquirió cierta notoriedad reclamando salarios más altos para los militares y asumiendo una posición frontal contra los derechos humanos. Ya en el siglo XXI comenzó a ensanchar su relativamente modesta base electoral con su oposición al "shock progresista" durante el gobierno de Dilma Rousseff, sucesora de "Lula" da Silva. En 2011 se creó la Comissao Nacional da Verdade para investigar los crímenes durante la dictadura militar; el Tribunal Superior Federal reconoció el derecho a los matrimonios del mismo sexo y el Ministerio de Educación dio a conocer su intención de distribuir Escola sem homofobia (un conjunto de materiales fílmicos e impresos para combatir la homofobia en los colegios). Un año después se otorgó el derecho al aborto en casos de anencefalia fetal y se confirmó la validez de la cuota racial (Rocha, 2021, p. 18).
Con el apoyo de parlamentarios conservadores, Bolsonaro consiguió detener la distribución de Escola sem homofobia. No tuvo tanta suerte con la instalación de la Comissao, pero fue convirtiéndose en uno de los líderes de la "reacción" conservadora. Como lo sostiene André Duarte,
[...] las agendas profamilia, provida, antigénero de Bolsonaro son probablemente los aspectos que más lo ayudaron a convertirse en un líder idóneo para los activistas neoconservadores brasileños y para todos aquellos más fluidamente comprometidos con la defensa de la familia tradicional cristiana. (2022, p. 72)
A esto ayudó también su acercamiento al evangelismo neopentecostal. Si bien hubo detrás de él un bloque pancristiano, los evangelistas fueron la vanguardia en tanto que pusieron a su disposición sus medios de comunicación y sus nexos con las favelas (Oualalou, 2018). No es fortuito que, al ganar las elecciones, hiciese su primera aparición pública junto al pastor Magno Malta ni que, en su discurso de toma de mando, haya manifestado que "[v]amos a valorar la familia, respetar las religiones y nuestras tradiciones judeo-cristianas, combatir la ideología de género, conservando nuestros valores" (en Ruiz, 2019, s/p).
Sin embargo, lo que hizo de Bolsonaro una opción presidenciable fue su liderazgo en las marchas contra los escándalos de corrupción en el gobierno de Dilma Rousseff (entre ellos, los de Petrobras y Lava Jato). Gracias a una acción conjunta entre políticos profesionales y grupos de base de derecha que se manejan entre las redes y las calles, se fue instalando la narrativa de que la corrupción del Partido de los Trabajadores (PT) era excepcional, nunca antes vista en la historia de Brasil (Dias, Von Bülow y Gobbi, 2021, p. 80). Bolsonaro no solo participó en la consolidación de esta narrativa anticorrupción (o anti-PT), que culminó en la vacancia de Rousseff en 2016, sino que devino su representante. Su pasado militar y sus palabras altisonantes -como, por ejemplo, "el gobierno militar no debió torturar comunistas, debió matarlos"- funcionaron como una evidencia de que no le temblaría la mano para encarcelar a los corruptos ni para poner fin al aumento de crímenes violentos perpetrados por pandillas del narcotráfico (Rocha, 2021, p. 22).
Bolsonaro supo mostrarse como la solución a la corrupción y la inseguridad, pero su último paso para hacerse presidenciable, al menos frente a las élites, fue cambiar su política económica. Durante los años noventa, Bolsonaro abogaba por un clásico nacionalismo desarrollista que lo llevó a rechazar las privatizaciones hasta el punto de proponer fusilar al presidente Henrique Cardozo por llevarlas a cabo. No obstante, a partir de su ascenso político, se acercaron a él individuos y grupos que defendían el libre mercado y rechazaban los programas redistributivos del PT, y, en poco tiempo, consiguieron orientarlo hacia la posición económica "correcta" y hacerlo prometer que, de ser elegido presidente, designaría al conocido neoliberal Paulo Guedes como Ministro de Economía (Rocha, 2021, p. 23).
Ya como presidente Bolsonaro intentó cumplir con sus promesas de campaña. Paulo Guedes fue, en efecto, nombrado ministro de Economía, pero debido a la oposición del PT en el Congreso, su política neoliberal ha sido "dispersa y reactiva" (Ferrari Filho y Bittes Terra, 2023, p. 29). De las 100 empresas públicas que se contemplaron privatizar al inicio del gobierno, la única gran empresa privatizada fue Petrobras en 2022. Y el combate contra el asistencialismo del PT sufrió un revés cuando Bolsonaro impulsó una enmienda constitucional para incrementar los beneficios a la población brasileña, bastante golpeada por la epidemia del covid-19.
No obstante, el proceso de neoliberalización se hizo notar en la Amazonía. En contra de las ONG ecologistas y del espíritu multicultural de la Constitución de 1988, Bolsonaro debilitó los organismos encargados de resguardar los territorios de los indígenas y los dejó desprotegidos frente al avance de las empresas agropecuarias y la minería ilegal. Más que indiferencia se trató, para Bolsonaro, de favorecer la explotación económica de las tierras de los indígenas para "sacarlos de la edad de piedra en la que los tienen las ONG" (en Galarraga Gortázar, 2019, s/p). El progreso es, para él, sinónimo de extractivismo neoliberal.
En cuanto a las políticas de "mano dura", Bolsonaro militarizó la seguridad. Su aspecto más visible fue la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. La policía se colocó bajo su mando y se mimetizó con ellas reproduciendo tácticas perjudiciales para los derechos humanos. A esto ayudó que se relajaran las sanciones penales a los excesos de violencia de las fuerzas del orden en cumplimiento de su deber (Ricardo, 2022). Más allá de las calles, el gobierno mismo se ha militarizado. Para el final de 2020 la mitad de los ministros de Bolsonaro eran militares y había 6157 miembros del personal militar activo o en reserva trabajando para el servicio civil (Del Río y Alvim Gomes, 2021).
Finalmente, en cuanto a su lucha contra la "ideología de género", el nombramiento de la pastora evangélica Damares Alves al MMFDH (Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos) detuvo la agenda feminista y LGTBI, aunque el mayor riesgo vino desde fuera del Ejecutivo. El triunfo de Bolsonaro envalentonó a legisladores y a grupos conservadores que anhelaban detener la educación sexual y el enfoque de género en las escuelas (Human Rights Watch, 2022). La Corte Suprema declaró inconstitucionales algunas de estas acciones, lo cual le ha valido repetidos cuestionamientos por parte de Bolsonaro.
Es cierto que la lucha contra la "ideología de género", la militarización de la seguridad y el proceso de neoliberalización preexisten a Bolsonaro. Pero también lo es que él ha vigorizado estos procesos y ha conseguido movilizar a una masa de individuos (otrora desinteresados en la política) en torno a una cruzada moral que pone en riesgo la institucionalidad democrática (Duarte, 2022, pp. 78-88). Durante la campaña electoral contra Lula en 2022, Bolsonaro cuestionó la transparencia del sistema electoral de una manera similar a lo que hizo Trump. Y también de manera similar a lo ocurrido en Washington D. C. tras la derrota de Trump, miles de sus seguidores, descontentos con la victoria de Lula, tomaron el Congreso brasileño (además del Tribunal Supremo y la Sede de la Presidencia) exigiendo a las Fuerzas Armadas que mantengan al presidente en sus funciones.
3.2. Fabricio Alvarado y el "plebiscito" por el matrimonio gay
La composición de la DRP en Costa Rica guarda semejanzas con la de Brasil, sobre todo por la presencia del evangelismo. Así como en Brasil, en Costa Rica las Iglesias neopentecostales se instalaron en los lugares de mayor pobreza, exclusión y desintegración social (Treminio y Salas Naranjo, 2021, p. 11). Estas comunidades, en coordinación con grupos conservadores de la Iglesia católica, han participado asiduamente en las Marchas por la Vida y luchan contra la "cultura de muerte" de los movimientos feministas y LGTBI. Es desde esta base que surgió Fabricio Alvarado, del partido Restauración Nacional. Periodista y predicador evangélico que suscitaba comparaciones con Bolsonaro, Fabricio Alvarado ganó con 25% de los votos la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 y pasó a la segunda junto a Carlos Alvarado del PAC (Partido de Acción Ciudadana), el partido de gobierno (Pignatario y Treminio, 2021, p. 102).
No obstante, al inicio de la elección, Fabricio Alvarado no figuraba entre los punteros en las encuestas. A fines de 2017 la discusión política giraba en torno a la economía, la corrupción y la seguridad. El gobierno de Luis Guillermo Solís (del PAC) había bajado su popularidad debido a un estancamiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad y el incremento del desempleo. Pero también debido a un escándalo de corrupción (el caso del "cemento chino") que implicaba una red de tráfico de influencias en los tres poderes del Estado, y a una preocupación en la opinión pública con respecto a la violencia delincuencial: en 2017 Costa Rica tuvo la tasa más alta de homicidios en su historia (Alfaro, 2018).
En esta coyuntura no era Fabricio Alvarado sino Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional, quien estaba mejor posicionado para capturar el descontento popular. De hecho, en diciembre de 2017, las encuestas lo colocaban en el segundo lugar con 13,6% de intención de voto. Ministro de Seguridad y de Justicia en la década de 1990, conocido por una actitud confrontacional que le valió ser comparado con Donald Trump, Castro escaló en las encuestas con un discurso de mano dura que prometía construir cárceles para "todos los delincuentes" y acabar con la corrupción (Pignatario y Treminio, 2021, pp. 243-244). Producto del acoplamiento de corrupción y seguridad, su frase más resonante en la campaña fue: "Vamos a meter a todos los corruptos a la cárcel" (en Marín, 2018, s/p).
A pesar de tan candente retórica, la primera vuelta electoral estuvo buen tiempo marcada por la indecisión; dos meses antes del sufragio, alrededor del 40% de los electores no había decidido su voto. Todo ello cambiaría en enero de 2018 cuando la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitió una opinión consultiva, previamente solicitada por la vicepresidenta de Costa Rica Ana Helena Chacón, en la cual explicitaba que "es necesario que los Estados garanticen [...] el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo" (CIDH, 2017, p. 88). Fue entonces que se dio inicio a una segunda etapa de la campaña que dividió a la opinión pública. Alvarado devino el más ferviente opositor del fallo y llegó a declarar que, de ser elegido, lo desconocería y sacaría a Costa Rica de la CIDH. Pero, además, consiguió que se politicen otros temas culturales como el aborto y la educación sexual en colegios públicos (Pignatario y Treminio, 2021, p. 245). Todo esto lo ayudó a ganar la primera vuelta, mientras que Juan Diego Castro se vio desplazado en las preferencias de los electores.
Sin embargo, no fue hasta la segunda vuelta que se completó el perfil de Fabricio Alvarado cuando un grupo de empresarios y economistas se apoderó de su plan económico. Como lo explicó en su momento Esteban Arias,
[...] el grupo económico que presentó Fabricio Alvarado tiene una unidad ideológica en torno a la misma estrategia de acumulación neoliberal con resultados mediocres en lo económico y aflictivos en lo social. Pero también comparten su visión en torno a la reforma del Estado, lo que asegura un gobierno típico de austeridad. (2018, s/p)
No puedo ocuparme aquí de las razones que, en una tercera etapa electoral, condujeron a la derrota de Fabricio Alvarado frente a Carlos Alvarado del PAC. Me concentro en la similitud entre los candidatos de la DRP en Costa Rica y Brasil. Tanto Bolsonaro como Castro articularon sus propuestas en torno a la corrupción y a la seguridad, prometiendo "mano dura" para poner fin a la delincuencia y al robo de los políticos. Pero hubo aún más similitudes entre Bolsonaro y Alvarado. Ambos adquirieron notoriedad a partir de una reacción conservadora contra iniciativas progresistas. Ambos tuvieron como soporte principal de su reacción al evangelismo neopentecostal. Y solo después de haberse hecho electoralmente significativos se vincularon a empresarios, tecnócratas y think tanks neoliberales.
3.3. José Antonio Kast y la defensa del legado de Pinochet
Así como en Costa Rica y Brasil, en Chile la DRP emergió como respuesta a movilizaciones y conquistas de izquierda.
Durante las primeras dos décadas del siglo XXI hubo protestas y marchas de estudiantes contra la privatización del sistema educativo, de pueblos originarios con sus reclamos territoriales y socioambientales, y de grupos feministas en torno a la violencia contra la mujer. Y, en 2019, todas estas movilizaciones confluyeron en el estallido social en Chile, que alzaba una serie de reclamos contra la desigualdad y el alto costo de vida provocados por el modelo económico. Después de 28 días de movilizaciones masivas y graves disturbos en Santiago, los partidos en el Congreso firmaron un Acuerdo por la Paz Social que condujo a un plebiscito en el cual los chilenos votaron a favor de una nueva Constitución.
El Acuerdo se hizo posible, en parte, por la relativa apertura del gobierno de Sebastián Piñera ante las demandas populares, la cual fue en sintonía con una ya instalada evolución de la derecha tradicional hacia la aceptación de demandas progresistas (como el matrimonio homosexual) y la asunción de una postura "posideológica" para resolver "los problemas de la gente". Como lo han señalado Campos (2021) y Rovira Kaltwasser (2019), la derecha tradicional chilena convergió hacia el centro, con una izquierda que hizo lo propio.
Kast, sin embargo, tomó una ruta distinta. En mayo de 2016 renunció a la UDI (Unión Democrática Independiente), el partido de la derecha tradicional, convencido de que tenía que "iniciar un nuevo ciclo en política donde se deje de lado lo políticamente correcto" (Infobae Newsroom, 2021, s/p). Tras quedar en cuarto lugar en las elecciones presidenciales de 2018, fundó el PR (Partido Republicano) y volvió a presentarse en las de 2022. Compuesto por colectivos universitarios, asociaciones de empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas en retiro y grupos evangélicos y de católicos conservadores, el PR no es solo una respuesta a la "radicalización de la izquierda" sino también a la moderación de la derecha tradicional.
De hecho, Kast consideraba delincuentes a los manifestantes del estallido social, criticó a Piñera por no hacer uso de las facultades presidenciales para restaurar el orden y se sustrajo al Acuerdo por la Paz Social (Campos, 2021, pp. 121-122).
La seguridad fue un tema importante en la campaña. Kast prometió acabar con el narcotráfico y el consumo de drogas en el área urbana. La seguridad se acopló también al tema de la inmigración con la propuesta de reservar una franja de cientos de kilómetros de largo en el norte de Chile para evitar el paso de inmigrantes ilegales. Y se engranó, finalmente, a la defensa de la república unitaria: Kast propuso facultar al Ejército para tomar el control de las regiones del Biobío y la Araucanía con la finalidad de frenar los actos violentos de grupos mapuches que reclamaban la autonomía de sus territorios.
Así como Bolsonaro, Kast confía en la militarización para garantizar el orden interno. Nostálgico admirador de Pinochet, asume que la dictadura militar salvó a Chile de la amenaza comunista y minimiza sus violaciones de los derechos humanos. Si bien se distancia de los aspectos más negativos de la dictadura, Kast reivindica su legado para devolverle a Chile la serenidad que le fue despojada, entre otros, por el "terrorismo" mapuche. En tal sentido, declaró que, de llegar a la presidencia, impugnaría el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que protege "el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones". Según Kast, "todos los pueblos originarios [...] quieren progresar. Hay algunos que los quieren mantener ahí, pegados en la tierra, sin luz, sin agua, sin ninguna modernidad" (CNN, 2017, 9m35s). De más está decir que esta preocupación por el "progreso" no es ajena al deseo de la industria forestal de explotar los territorios indígenas (Nahuelpán et ál., 2020).
No sin relación con lo anterior, la economía fue otro tema importante en la campaña. Capitalizando el espíritu de la protesta, Gabriel Boric (el adversario de Kast en la segunda vuelta) hizo la siguiente predicción: "Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba". Kast, por el contrario, apostaba por la supervivencia del modelo. Su plan económico contenía la reducción de impuestos a empresas privadas y la eliminación de las regulaciones laborales que incrementaban los costos del empleador. Fiel a la ortodoxia neoliberal, el Estado redistributivo es, para Kast, sinónimo de ineficiencia y de corrupción.
Para Kast el intervencionismo estatal corrompe el "libre mercado", pero también la sexualidad "natural" de los niños a través del currículo escolar. Por ello se opuso a que el Estado "use los recursos de todos los chilenos para adoctrinar sobre ideología de género" (Kast, 2018, s/p). Su franca oposición a "la dictadura gay" y al "feminismo ideológico" vino de la mano de la defensa de la soberanía nacional. Kast fue uno de los cinco organizadores del Congreso Hemisférico que lanzó la Declaración de México, un manifiesto suscrito por 670 parlamentarios de 18 países latinoamericanos que se opone a que las resoluciones de la OEA y los fallos de la CIDH obliguen a los Estados nacionales a modificar sus leyes con relación a la vida, la familia y la religión (Ramírez, 2019).
Kast pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales donde, finalmente, perdió contra Boric. Tuvo la hidalguía de reconocer su derrota, pero continuó oponiéndose a la nueva Constitución progresista. Luego de que esta fuera rechazada en un plebiscito nacional, el PR consiguió una victoria contundente en unas nuevas elecciones para el Consejo Constitucional, el organismo encargado de discutir y aprobar una nueva propuesta de carta magna. De los 50 miembros del Consejo el PR de Kast consiguió 22, el Frente Amplio (de izquierda) 17 y Chile Seguro (la derecha moderada) 11. Si bien la nueva propuesta conservadora de Constitución tampoco fue aprobada, queda claro que a la izquierda se le cerró la ventana de oportunidad para poner fin al legado de Augusto Pinochet.
3.4. Fujimori y la preservación del modelo; López Aliaga contra la corrupción de Odebrecht y los caviares
En la elección presidencial de 2021, el candidato más identificable con la DRP fue Rafael López Aliaga. También se puede clasificar así a Keiko Fujimori, pero dejémosla de lado por el momento.
Así como Bolsonaro, Kast y Alvarado, López Aliaga se posicionó en su campaña presidencial de 2021 con bastante fuerza contra la "ideología de género". Hubo detrás de él una alianza pancristiana compuesta por católicos conservadores y evangélicos (neo)pentecostales (Pérez Guadalupe, 2021). De hecho, su candidata a la vicepresidencia Neldy Mendoza fue vocera en Arequipa de Con Mis Hijos No Te Metas (colectivo opuesto al enfoque de género en los colegios) y presidenta del Corso por la Vida (organización opuesta al aborto).
Otro tema de campaña que tuvo cierta resonancia fue la propuesta de López Aliaga de expulsar a "todo extranjero que cometa cualquier delito en nuestro país" (Marval, 2021, s/p). Pero este ensamblaje entre seguridad e inmigración estuvo bastante matizado por su propuesta de agilizar la nacionalización y los trámites inmigratorios para los extranjeros. Mucho más importante fue, para él, la promesa de actuar con severidad contra la constructora Odebrecht, protagonista del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. López Aliaga prometió que, de ser elegido presidente, expulsaría a Odebrecht del país.
Curiosamente, para él, tan lesivos como las empresas corruptas son "los caviares": término que originalmente se refiere a los comunistas de situación económica acomodada pero que la ultraderecha peruana utiliza para todo el progresismo cultural. Como lo sintetiza bien Carlos Meléndez, López Aliaga "se las ha arreglado para construir un encuadre en el cual el establishment está compuesto por ‘empresas corruptas’ y ‘los caviares y comunistas’" (2023, p. 8).
López Aliaga es, por cierto, un empresario exitoso que ha sabido ganar licitaciones estatales y construir sus empresas en sociedad con compañías transnacionales. En otras palabras, es un empresario que ha sabido insertarse en el Estado neoliberal y en la globalización. Y, ahora, como político, pretende llevar la eficiencia empresarial al sector público para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales y de esa forma realizar su promesa utópica de convertir a Perú en "potencia mundial".
López Aliaga quedó relegado de la segunda vuelta electoral, más siguiendo el ejemplo de Trump y Bolsonaro, denunció, sin pruebas, que le habían robado más de un millón de votos a nivel nacional.5 Su sospecha, o mejor, certeza de fraude no le impidió candidatear, en el año 2022, a la alcaldía de Lima con el mismo tema central que en su campaña presidencial, la corrupción. Pero ahora, en vez de Odebrecht, su enemigo era el consorcio internacional Rutas de Lima, el cual se encarga del mantenimiento de las vías de la capital. Aduciendo que el cobro de los peajes por parte del consorcio es injusto y producto además de un contrato lesivo para la alcaldía, López Aliaga declaró que de ser electo eliminaría el cobro de los peajes. Si bien ganó la elección, hasta ahora no ha podido honrar su promesa de campaña.
Dada el alza de criminalidad en algunos distritos de Lima, la seguridad se ha vuelto más importante. Por ello -y por el factor Bukele, que veremos luego-, el nuevo alcalde se ha atrevido a pedir formalmente a las Fuerzas Armadas que salgan a patrullar las calles. No obstante, la seguridad adquirió una nueva dimensión cuando, en febrero de 2023, durante las marchas contra la presidenta Dina Boluarte, López Aliaga declaró "zona intangible" al centro histórico de Lima con el fin supuesto de limitar los daños al patrimonio cultural. Su verdadera intención era, sin embargo, coactar el derecho a la protesta. Igualmente preocupante fueron sus críticas al LUM (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social) por mostrar una narrativa sobre el conflicto armado entre el Estado y Sendero Luminoso que supuestamente denigra a las Fuerzas Armadas. Meses después, Carlos Canales, alcalde del distrito de Miraflores y miembro del partido de López Aliaga, clausuró temporalmente el LUM con la excusa de que no contaba con un permiso burocrático. Hay, pues, en el nuevo alcalde de Lima una apuesta por el revisionismo histórico.
Retrocedamos en el tiempo a la elección presidencial de 2021, donde pasó a la segunda vuelta otro candidato de la DRP: Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó en los años noventa del siglo pasado y dejó para sus seguidores una estela de activos y pasivos. Los activos son que acabó con el terrorismo y estabilizó la economía. Fue durante su gobierno que se arrestó a la cúpula de Sendero Luminoso y se realizaron reformas neoliberales que permitieron un mayor flujo de capital. Los pasivos son un autogolpe en abril de 1992, violaciones de los derechos humanos, innumerables escándalos de corrupción y varios procesos electorales llenos de irregularidades. De allí que su hija Keiko haya llegado tres veces a la segunda vuelta electoral (en parte con los activos del padre), pero también haya perdido en cada una de ellas (en parte con los pasivos).
Paradójicamente, el régimen autoritario de Fujimori tuvo algunos hitos progresistas, sobre todo en cuanto a la agenda feminista. Según Cecilia Blondet, en este gobierno
[...] se afinó la legislación sobre la violencia doméstica y se promulgó la Ley de Cuotas para garantizar la participación de las mujeres en las listas de candidatos en la política; se desarrollaron programas especiales sobre salud reproductiva y se promovieron programas de créditos, captación de empleo para mujeres de sectores de bajos ingresos. (2002, p. 11)
Sería apresurado calificar al gobierno de Alberto Fujimori de progresismo neoliberal, pero no lo es catalogar al proyecto político de su hija Keiko dentro del neoliberalismo conservador. Ya en las elecciones de 2016 ella se acercó al evangelismo con la intención de captar su voto y, en una ceremonia de la Coordinadora Cívica Evangélica, manifestó: "He hablado del rol de la familia como pilar fundamental de la sociedad. Queda claro que no estoy a favor de la unión civil ni de la adopción de niños por parejas homosexuales y estoy en contra del aborto" (en Pérez, 2016, s/p). Fue esto mismo lo que sostuvo en las elecciones de 2021.
Keiko Fujimori se enfrentó en la segunda vuelta electoral de 2021 a Pedro Castillo, un outsider de izquierda que pretendía castigar a los corruptos y cambiar la política económica del país. Pero, además, este outsider tenía rasgos indígenas, no hablaba un castellano pulido y su plan de gobierno contenía citas de Marx y Lenin. Como era de esperar, Keiko acusó a Castillo de querer convertir al Perú en Cuba o Venezuela y se posicionó como la defensora de la democracia y de la continuidad del modelo neoliberal. A esta narrativa se sumaron los grupos de poder económico, los grandes medios de comunicación y políticos de la derecha tradicional. En la avenida Javier Prado, una importante vía mesocrática de Lima, se levantaron carteles con mensajes como "Protege tu trabajo y libertad. No al comunismo". Dado que el neoliberalismo no gozaba de una amplia aceptación entre los peruanos, Keiko ofreció una buena cantidad de programas asistenciales. No es que hubiese virado hacia el centro keynesiano; es más bien que, para salvar el "modelo", era necesario ceder en algo a las demandas populares.
Keiko fue derrotada en las urnas por Castillo, pero este no fue el fin de la historia. Keiko cuestionó "a la Trump" los resultados electorales con falsas acusaciones de fraude y obtuvo el apoyo de políticos tradicionales de derecha, de importantes medios de comunicación nacional y de un grupo de oficiales en retiro. Este intento de torcer la voluntad popular fracasó, pero los parlamentarios de Fuerza Popular (el partido de Keiko) y sus aliados en el Congreso intentaron repetidas veces vacar al presidente ya juramentado. En el tercer intento, creyendo erróneamente que el Congreso tenía los votos necesarios para vacarlo, Castillo ordenó torpemente la disolución del Parlamento y le permitió a la ultraderecha vacarlo con todas las de la ley.
La segunda vuelta electoral en Perú de 2021 es el mejor ejemplo de la importancia del neoliberalismo para la DRP latinoamericana. Y sus secuelas hacen eco a la vacancia de Dilma Rousseff, al golpe de Estado contra Evo Morales y a la toma del Congreso en Brasilia. Ello levanta la pregunta sobre si la DRP latinoamericana pasará o ya está pasando de la democracia iliberal a la dictadura, sobre todo después del éxito del autoritarismo de Nayib Bukele.
3.5. Nayib Bukele y el viejo, nuevo modelo de seguridad
El caso Bukele debe entenderse en el contexto posbélico de El Salvador. Para poner fin a la guerra interna entre las Fuerzas Armadas y el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), se firmaron el 16 de enero de 1992 los Acuerdos de Chapultepec y así se dio inicio a un período bipartidista conocido como la posguerra, cuyos protagonistas fueron un desarmado FMLN y el oligárquico Arena (Alianza Republicana Nacionalista). A pesar de sus avances democratizadores, la posguerra llegó a ser percibida negativamente por la falta de oportunidades, la asociación entre corrupción y clase política y la incapacidad de los gobiernos para controlar a las Maras y otras pandillas (Roque Baldovinos, 2021). En 2018 la aprobación del Congreso era de 16%, la del Poder Judicial 14%, la del Gobierno 10% y la de los partidos políticos 6% (Verdes-Montenegro y Rodríguez-Pinzón, 2022, p. 216).
Bukele supo capitalizar este desgaste. En 2011 se afilió al FMLN para competir al año siguiente en las elecciones para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Las ganó por amplio margen y su exitosa gestión le sirvió para hacerse, en 2015, siempre con el FMLN, de la alcaldía de San Salvador. En ambas gestiones Bukele empleó políticas creativas para combatir la criminalidad: en la capital, por ejemplo, fomentó la cultura y el deporte, realizó una serie de obras que revitalizaron el centro histórico, inició el programa "San Salvador 100% iluminado" y emprendió diversas obras de inclusión social en las zonas más pobres (Roque Baldovinos, 2021).
Bukele dio a su plataforma del gobierno edil el nombre de "Nuevas ideas" y, mediante un uso novedoso de las redes, se construyó la imagen de un moderno joven empresario de centroizquierda, diferenciándose de los viejos excomandantes del FMLN. Esta diferenciación lo condujo a su expulsión del FMLN, de manera que en las elecciones presidenciales de 2018 participó con el partido GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional). Su campaña tuvo un marco narrativo eficaz: Bukele y sus "nuevas ideas" contra "los de siempre", frase con la cual homogenizaba y descalificaba a Arena y al FMLN. A la usanza populista, "el pueblo se constituía frente a este poder de una clase burocratizada y corrupta, y encontraba una voz en un líder joven, irreverente y sin compromisos con el pasado" (Roque Baldovinos, 2021, p. 244). Bukele acabó triunfando con un 53% de los votos.
Si bien era posible prever la ruta neoliberal de su gobierno, no lo era pronosticar su giro conservador. Había prometido legalizar el aborto en casos de riesgos a la vida de la madre y se comprometió a reorientar el marco actual sobre el cambio climático. Tampoco había mucho que delatara su deriva autoritaria. Bukele criticaba las anteriores políticas gubernamentales de "mano dura" para resolver la inseguridad y consideraba la criminalidad como el producto de la pobreza y la falta de oportunidades; sus gestiones en las alcaldías de Cuscatlán y San Salvador respaldaban sus palabras.
Bukele fue un candidato populista, o "cyberpopulista", pero estaba muy lejos de la DRP. El cambio comenzó con su llegada al Ejecutivo. El 20 de junio de 2019 puso en marcha el PCT (Plan de Control Territorial), con el cual concentró la toma de decisiones en la figura del presidente y amplió las capacidades de los militares para luchar contra el crimen. Además militarizó las calles con más de 7000 soldados, aumentó la presencia policial con 2500 agentes en 12 municipios con altos índices de criminalidad y endureció las condiciones carcelarias de los pandilleros en 28 prisiones (Verdes-Montenegro y Rodríguez-Pinzón, 2021).
Para una nueva fase del PCT Bukele necesitaba que la Asamblea aprobara un préstamo de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. El 6 de febrero de 2020, el Consejo de Ministros convocó a los miembros de la Asamblea a una sesión extraordinaria para autorizar el préstamo, pero como estos rechazaron la convocatoria, Bukele irrumpió en el palacio legislativo escoltado por militares armados, se sentó en la silla del presidente y dijo: "Ahora creo que está muy claro quién tiene el control". Asimismo, apelando al artículo 86 de la Constitución (que garantiza el derecho a la insurrección popular), convocó al pueblo a una calle aledaña al edificio legislativo y amenazó con disolver la Asamblea: "Si estos sinvergüenzas no aprueban en la semana [...] los vamos a sacar por la puerta trasera" (en Verdes-Montenegro y Rodríguez-Pinzón, 2021, p. 220).
Por otra parte, Bukele ha asumido una agenda socialmente conservadora. Se ha negado a firmar el Acuerdo de Escazú, un tratado sobre información, transparencia y justicia ambiental porque "sería un obstáculo para el desarrollo", y ha aprobado una Ley General de Recurso Hídrico que ha agilizado permisos para la explotación privada del agua (Herrera, 2023). Además, una semana después de ser reelegido presidente, en la Conferencia de Acción Política Conservadora, Bukele aseguró que no permitirá "esas ideologías [de género] en las escuelas y en los colegios". No era solo una bravata. José Mauricio Pineda, su Ministro de Educación, ha declarado recientemente que "todo uso o todo rastro de la ideología de género" ha sido "sacado de las escuelas públicas" (en El País, 2024)
Al sumarse a la lucha contra la agenda de género, Bukele culmina su viaje del candidato progresista al presidente conservador. Pero es el "éxito" de sus políticas autoritarias contra la delincuencia lo que lo convierte en un hito de la DRP. Muchos dudan de la eficacia a largo plazo del PCT; después de todo, otros presidentes de El Salvador han fracasado en combatir la delincuencia sacando el Ejército a las calles. Pero su éxito a corto plazo le ha dado un nuevo impulso autoritario a la derecha en la región y quizás en el mundo. Así, en Colombia, el presidente salvadoreño ha sustituido a Álvaro Uribe como inspiración de la derecha (Santaeulalia, 2023); en Chile, Kast ha sugerido que Bukele podría darle consejos sobre seguridad al presidente Boric (Opazo, 2022) y en Perú López Aliaga ha solicitado al Ministerio de Defensa la presencia del Ejército en las calles para combatir la delincuencia.
3.6. Javier Milei contra el Estado y la casta política
Javier Milei tampoco se sustrae a la influencia de Bukele, pero su caso guarda una mayor relación con Perú en cuanto a la gran centralidad del tema económico. La diferencia es que si Keiko Fujimori quiso maquillar su defensa del modelo (neoliberal) con programas asistenciales, Milei propuso un libertarismo o anarcocapitalismo en estado bruto. No hay líder político en América Latina que pregone tan dogmáticamente la necesidad de una economía de libre mercado y del desmantelamiento del Estado benefactor. No fue, por tanto, un exabrupto cuando afirmó que la venta y compra de órganos "es un mercado más" (Marcarián, 2023, s/p).
La ascendencia de Milei debe entenderse como un rechazo al peronismo de izquierda, pero también como la articulación de voces críticas que aparecieron a la derecha de la derecha tradicional. Las bases de Cambiemos, la coalición que llevó a Mauricio Macri a la presidencia, se quejaban de que el gobierno de este era un "kirchnerismo de buenos modales", "incapaz de comprender que el mundo estaba cambiando, como lo mostraban Trump y Bolsonaro" (Morresi y Vicente, 2023, p. 61). Pero Milei sí lo comprendió.
Milei se presentaba en los programas de variedades de 2016 como economista, hablando con un lenguaje técnico, pero fue su vehemencia verbal y gestual y su rápido aprendizaje del lenguaje mediático -que lo llevó a blandir una motosierra para expresar su determinación de cortar los gastos del Estado- lo que hizo de él un personaje atractivo para la audiencia (Vommaro, 2023, p. 7).
De su lado estuvo también el azar. Según Gabriel Vommaro, la pandemia de covid-19 "se transformó en una oportunidad política favorable para esta postura ideológica de Milei" (2023, p. 8). Primero, las molestias con las restricciones impuestas por el gobierno a las actividades comerciales y a la movilidad de los individuos hicieron más creíbles las teorías conspirativas de Milei, como que la cuarentena fue el cumplimiento del "sueño húmedo de todo zurdo de mierda, que es el control total sobre la población" (en Oría, 2019, s/p). Y segundo, porque esas mismas molestias empataron con su discurso antiestatista. Parafraseando la famosa frase de Bill Clinton ("es la economía, estúpido"), Milei declaró: "No es la pandemia, es la cuarentena, estúpido" para explicar la caída de 9% del PBI en Argentina. En otras palabras, la crisis económica no se debió a la pandemia sino a la política de salud del gobierno. De hecho, antes de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández tenía un 70% de aprobación y al final de ella, cual un espejo invertido, un 70% de rechazo (Goldstein, 2023).
La cuarentena y una de las peores crisis económicas en la historia de Argentina, con una inflación de 72,4% en 2022 y de 121,6% en 2023 (Statista, 2024), además de un incremento de la pobreza de 4,6% con respecto al gobierno de Macri, fueron el trampolín del cual supo servirse Milei para saltar a la política nacional. En 2021 fundó el partido La Libertad Avanza y obtuvo el 17% de los votos para la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas. Su narrativa populista -"la gente de bien" contra "la casta política"- colocó en el lugar de la élite corrupta tanto al kirchnerismo como al macrismo: "No hay diferencia entre el Frente de Chorros y Juntos por el Cargo" (Russo, 2021) -esta es la frase con la cual descalificó tanto a Frente de Todos (la coalición de Macri) como a Juntos por el Cambio (la coalición peronista)-.
Así como en Kast y Fujimori, el tema principal de Milei fue la defensa del modelo neoliberal. Al igual que Kast, también identificó la reducción del Estado con la lucha contra la corrupción. Como lo dijo durante la campaña: "La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Lo mejor que usted puede hacer para terminar con la corrupción es achicar el Estado" (en Jastreblanski, 2023, s/p). Y dado que son los socialistas quienes quieren un Estado grande para robar, la solución neoliberal a la corrupción del Estado asistencial se revestía con la narrativa Libertad contra Socialismo.
Por otra parte, a partir de su cercanía con intelectuales de choque como Agustín Laje, Milei ha participado más activamente en la batalla conservadora contra el "marxismo cultural", en especial contra la "ideología de género". Si bien en 2018 no tuvo un rol protagónico contra los pañuelos verdes (el movimiento detrás de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo), en 2020, cuando vuelve a tratarse el tema del aborto, se declaró a favor del uso del pañuelo celeste, símbolo del movimiento antiabortista. Su posición anti-género no añadió un tema más a su repertorio. Fue una necesidad política. Como lo indican Berdondini y Vinuesa (2024), "la Ley de Interrupción del Embarazo […] constituyó un punto de inflexión en el campo de las derechas argentinas, es ese momento que se consolida y cohesiona la derecha radical conservadora" (p. 191).
Obsérvese que Milei ha seguido un trayecto inverso a Bolsonaro y Alvarado: si estos partieron del conservadurismo para arribar al neoliberalismo, Milei partió del libertarismo económico para llegar a la agenda conservadora. O más concretamente, para arribar a fines de 2022 -junto a Kast, Santiago Abascal y Lech Walesa- a la Conferencia Política de Acción Conservadora en México.
Detrás del giro conservador de Milei se encuentran también algunos sectores conservadores de la Iglesia católica y buena parte de los evangelistas, que constituyen el 15% de la población argentina (Goldstein, 2023). Y detrás de su giro autoritario, está Victoria Villarruel, su vicepresidenta. Hija de un veterano de la guerra de las Malvinas, Villarruel era una activista conocida por su negacionismo frente al terrorismo de Estado y por su esmero en hacer visible a "las otras víctimas" (por obra de la guerrilla). Fue gracias a ella que Milei acogió una fuerte presencia de militares como candidatos en su partido y que asumió él mismo una postura más crítica de los consensos alcanzados en materia de derechos humanos.
Milei finalmente venció a Sergio Massa en la segunda vuelta de las elecciones, con un contundente 55,65%. La cuarentena y la crisis económica fueron una valla insalvable para el Ministro de Economía del oficialismo. "No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas" (en Boyer, 2023, s/p), fueron las primeras declaraciones de Milei al asumir su mandato. Y, en los primeros 100 días de gobierno, ha honrado sus palabras con acciones. Ha reducido los ministerios de 20 a 8 y ha propuesto un "Megadecreto" (Decreto de Necesidad y Urgencia) y una "Ley Ómnibus" (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) a fin de desregular la economía, flexibilizar el mercado laboral, criminalizar la protesta social, reducir el impuesto a la renta y a las ganancias, y, entre otros, considerar la privatización de 18 empresas; entre ellas Aerolíneas Argentinas (Cañas, 2024).
Con respecto a su lucha contra la "ideología de género", Milei ha seguido la receta de Bukele de prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pública. Ha eliminado, además, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, sustituyéndolo por la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Pero, más importante aún, diputados de La Libertad Avanza han presentado ante el Congreso un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y tipificar al aborto como un delito sujeto a penas de cárcel (El Cronista, 2024).
Milei parece igualmente empecinado en cumplir sus promesas al sector militar. En el aniversario del golpe militar de 1976, negó oficialmente que haya habido 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Miles de argentinos salieron a las calles a corear "Fueron 30.000" en contra del revisionismo. Pero eso no le ha impedido desmantelar un archivo dependiente del Ministerio de Defensa, que aporta pruebas para juzgar los delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Así como Bolsonaro, Katz, Fujimori y López Aliaga, hay en Milei el deseo de cambiar la narrativa histórica sobre la respuesta militar a la subversión.
Por último, siguiendo el ejemplo de Bolsonaro y de Bukele, Milei busca ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas para combatir, en la ciudad de Rosario, hechos de violencia perpetrados por bandas criminales (CELS, 2024), y se halla en proceso de militarizar el Estado. A cargos importantes del Ministerio de Defensa han entrado oficiales militares retirados y a la Agencia Federal de Inteligencia lo han hecho cinco militares expertos en espionaje.
Todo esto trae de vuelta el miedo de un retorno de la dictadura en América Latina. Sin duda es posible, pero por el momento la DRP continúa dentro de la democracia iliberal. Después de todo, las vacancias de Rousseff y Castillo siguieron el modelo del lawfare (la guerra política por la vía judicial-mediática); las destituciones de Castillo y Morales fueron respuestas a acciones antidemocráticas de estos presidentes; no hubo un apoyo abierto de Bolsonaro a los extremistas que realizaron la toma del Congreso, e incluso Bukele se abstuvo en último minuto de concretar la "insurrección popular" contra los miembros de la Asamblea.
No es que quiera apaciguar los miedos. Pretendo más bien modificar nuestra imaginación distópica. Pues la DRP en América Latina y el mundo no necesita un golpe de Estado para acabar con la democracia liberal, sino tan solo continuar cambiándola desde adentro.
4. Similitudes y diferencias entre el Norte y el Sur
En todos los partidos analizados de la DRP en América Latina se encuentra el tema de la seguridad. Lo cual es casi lógico dada el alza de criminalidad en la región. Como lo resume bien Paola Medellín:
Latinoamérica registra el 33% de los casos de criminalidad en el mundo, aun cuando concentra solo el 8% de la población del planeta. La presencia permanente y creciente del crimen organizado y las pandillas [...] mantienen a la región como la más violenta a nivel mundial. (2020, s/p)
No es, por tanto, extraño que haya cierta aceptación popular de políticas de "mano dura", entre ellas, la más popular: utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada.
La seguridad se engarza, además, a la criminalización de la protesta social urbana y de la política inmigratoria (la crimigración [crimigration]) en todas las DRP latinoamericanas. Y, al menos en Perú, Chile y Brasil, se acopla a la afirmación de la república unitaria contra las demandas ecológicas y territoriales de las poblaciones originarias (andinas, amazónicas y mapuches). Al igual que con la delincuencia organizada, el sostenimiento de la república unitaria va de la mano de la expansión de los poderes de las Fuerzas Armadas. Y va de la mano también con exorcizar el fantasma boliviano/ecuatoriano de la plurinacionalidad.
También se encuentra en la DRP latinoamericana la promesa de la mano dura contra una corrupción que se percibe en aumento. No queda claro si la corrupción ha aumentado realmente, pero la población está más sensibilizada que nunca sobre el tema dada la amplia cobertura mediática del caso Lava Jato y otros casos emblemáticos de corrupción en el siglo XXI como, por ejemplo, "los cuadernos de las coimas" en Argentina, "la casa blanca de Peña Nieto" en México y "los cuellos blancos" en Perú (Salas, 2017).
Dicho esto, corrupción en América Latina quiere decir dos cosas más. Quiere decir, primero, la natural consecuencia del comunismo. Son los comunistas quienes anhelan un Estado grande intervencionista o asistencialista que ofrece la oportunidad de robar. Y la solución ortodoxamente neoliberal es, por supuesto, reducir el tamaño del Estado. En tal sentido, la corrupción se acopla a la defensa del neoliberalismo contra el comunismo. De hecho, Alvarado, Kast, Fujimori, López Aliaga y Milei han suscrito la Carta de Madrid promovida por el partido Vox de España, en la cual se alerta que "el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas" (Fundación Disenso, 2020, s/p).
La DRP latinoamericana tiende a ser más anticomunista que la de Europa y EE. UU. Esto se debe a que el recuerdo del comunismo se halla más fresco en América Latina. Durante la segunda mitad del siglo XX hubo en la región partidos de izquierda que se enfrentaron violentamente al Estado, como, por ejemplo, los Montoneros en Argentina, las FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú (Kahhat, 2024, pp. 22-23). Pero se debe también a que, a inicios del siglo XXI, se alzó una "marea rosa" que comenzó en Venezuela y se expandió a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay (Kahhat, 2019, p. 157). Los gobiernos de la marea rosa no fueron comunistas en ningún sentido serio del término, pero en ellos se hizo patente una voluntad redistributiva que puso un modesto límite al neoliberalismo.
Además de comunismo, corrupción quiere decir, segundo, corrupción moral, o en términos menos conservadores, cambios culturales progresistas. La expansión de la "ideología de género" ha sido el cambio más rechazado por López Aliaga, Fujimori, Kast, Bolsonaro, Milei y, en especial, Fabricio Alvarado, quien básicamente convirtió la elección de 2018 en Costa Rica en un plebiscito sobre el "matrimonio gay". Este último caso es emblemático de cómo la DRP latinoamericana defiende la soberanía nacional contra organismos internacionales que quieren imponer valores progresistas ajenos al pueblo.
Por último, la DRP articula su lucha contra la corrupción económica y moral, vale decir, contra el comunismo, en términos de libertad. Es más, los grupos conservadores de hoy se sirven de la retórica de los derechos para preservar posiciones de privilegio (Corredor, 2021, p. 47). Así, contra los igualitarios derechos laborales, se propone la libertad de empresa; contra el progresista enfoque de género, la libertad para decidir sobre la educación de los hijos; y contra el liberal derecho al aborto, el también liberal derecho a la vida del neonato.
Según lo expuesto anteriormente, en todos los casos analizados hay una alianza entre empresarios y cristianos conservadores que determinan la posición por la libertad. Y también en todos ellos, salvo en Costa Rica donde se abolieron las Fuerzas Armadas en 1948, hay una alianza entre empresarios, cristianos conservadores y (ex)militares que afirman el discurso del orden, se oponen a las comisiones de la verdad y apuntan al revisionismo histórico. Hay otros grupos que conforman la alianza según los países, pero en todos estos el más importante para hacer circular los contenidos y enmarcar la realidad es la multitud de jóvenes (cyber)activistas de derecha (conservadores, libertarios, anarcocapitalistas, etc.), que operan entre las calles y las redes haciendo circular las narrativas que enmarcan la percepción de los conflictos sociales. No es fortuito que Steven Forti (2021) haya titulado su libro sobre toda esta fuerza política emergente Extrema derecha 2.0.
Ahora bien, a partir de este breve recorrido por la DRP en América Latina, es posible esbozar algunas similitudes y diferencias con la DRP en Europa y EE. UU. Comencemos por una diferencia central: si bien en casi toda la DRP del Norte global se encuentra el tema de la inmigración/integración, este no es el más relevante para la DRP latinoamericana. Aquí la inmigración se volvió un problema a partir de la crisis económica de Venezuela en este siglo. Se estima que hay 6,54 millones de venezolanos en diferentes países de América Latina (R4V, 2023). Sin embargo, en estos países conviven la compasión y el rechazo hacia aquellos. Las encuestas muestran esta paradoja: "[...] muchas personas (más del 80%) de Ecuador, Colombia y Perú [...] empatizan con la situación de quienes provienen de Venezuela, aunque cerca del 70% afirma claramente que desea la aplicación de políticas de fronteras más estrictas" (Rivero, 2019, p. 3). Por eso mismo, la DRP politiza este tema cuidándose de no parecer insensible. Es solo en Chile donde se da una politización más agresiva, pero no al nivel de Europa y EE. UU. De allí que Camila Díaz, Cristóbal Rovira Kaltwasser y Lisa Zanotti reconozcan que si bien la inmigración no es central para la DRP latinoamericana, en Chile "las cosas son parcialmente diferentes" (2023, p. 348).
En cualquier caso, la politización de este tema en América Latina no tiene las mismas características que en Europa y EE. UU. Dado que los venezolanos profesan la misma religión que sus anfitriones y tienen un desarrollo histórico similar, la DRP no reclama sobre su incapacidad o falta de voluntad para integrarse a la cultura anfitriona. Ni esgrime épicos argumentos culturales como "Hay que defender la civilización cristiana". Ni mucho menos identifica a los migrantes con el terrorismo. Los venezolanos pueden inspirar miedo, pero no el gran terror político-religioso.
Solamente en la República Dominicana existe un nativismo comparable al del Norte global. A partir del terremoto de 2010, la crisis económica y el alza en la criminalidad, cerca de 1,7 millones de haitianos emigraron a diferentes destinos en el continente; de aquellos, al menos 496.000 lo hicieron a la República Dominicana (Yates, 2021). No pudieron escoger peor destino dada la conflictiva relación histórica entre ese país y Haití. En 1937, el dictador Rafael Trujillo inició una campaña de limpieza étnica en la frontera con Haití e hizo del antihaitianismo una política de Estado. A partir de este y otros hechos históricos los dominicanos definen su identidad (mestiza e hispana) diferenciándose de la de los haitianos (negra y francófona) (Bonifacio, 2022). Y dado que la DRP dominicana también politiza culturalmente esta diferencia, se puede decir que se asemeja a la actitud de la DRP del Norte hacia el islam. Pero esta sería la excepción que confirma la regla.
Por otra parte, tanto en el Norte como en el Sur global la seguridad atañe al crimen organizado y se acopla a la inmigración (crimigration). Pero solo en el Sur la ultraderecha reclama la militarización de la seguridad interna. Hay otra diferencia importante: mientras en el Norte la inmigración se asocia a la amenaza terrorista, en el Sur se refiere solo al crimen organizado y la denuncia de terrorismo (como forma de control) recae sobre la "desobediencia civil" urbana y sobre poblaciones indígenas con sus demandas ecológicas o territoriales. Dicho de otro modo: mientras en Europa y EE. UU. el Otro étnico es exterior (el musulmán), en algunos países de América Latina es interior. Se podría decir incluso que es el mismo interior de siempre en tanto que el llamado a asegurar el "estado de derecho" se realiza dentro del viejo esquema del "poder colonial" (Quijano, 2014). Pero esto no es exclusivo de la ultraderecha. Tanto la DRP como los tecnócratas neoliberales apoyan un Estado moderno neocolonial que imponga un modelo de desarrollo a los pueblos originarios "premodernos".
Además, en todo el mundo la DRP se ufana de luchar contra la corrupción en el Estado. Pero en América Latina esta lucha se acopla a la del neoliberalismo contra el comunismo en el sentido de que el primero propone la reducción del Estado que el segundo desea incrementar para sus latrocinios. Y he aquí otra importante diferencia entre la DRP de América Latina y la de Europa y EE. UU. En el Norte global la DRP se opone al neoliberalismo en términos del discurso y pretende articular una respuesta política a la queja de los "perdedores de la globalización" que incluye (como política emblemática) el chovinismo de bienestar. Pero en América Latina la DRP aspira que sus países devengan uno de los ganadores de la globalización capitalista (López Aliaga diría, "devengan potencia mundial").
Hay que matizar esta perspectiva. Ni la DRP europea o estadounidense se opone manifiestamente al neoliberalismo ni la DRP latinoamericana lo apoya abiertamente. Si la DRP del Norte no lo critica es, quizás, porque carece de un modelo económico alternativo. Y si la DRP del Sur no lo defiende a capa y espada es porque el término ha venido a significar todo aquello que anda mal con el mundo. Incluso Javier Milei, quien sustenta públicamente sus ideas con citas de Hayek y Friedman, recusa astutamente del término: "El que dice neoliberal es un bruto, porque la palabra liberal viene de libertad. Entonces no hay una nueva libertad o una vieja libertad. Hay libertad o no hay libertad" (Milei, 2017, s/p).
Sin duda, la DRP en Europa y EE. UU. también puede azuzar el miedo al fantasma del comunismo, pero la lucha contra este es más importante en América Latina debido a que se acopla a la defensa del neoliberalismo y esta se liga a su vez a la defensa del progreso contra los obstáculos puestos por las comunidades indígenas, el ecologismo y el multiculturalismo. No son los pueblos originarios de América quienes apoyan la agenda de la DRP. Quienes la apoyan se identifican con la cultura de los conquistadores o colonizadores. Hay, como en Europa y EE. UU, un "choque de civilizaciones". Pero mientras en Europa y EE. UU. la colisión se da entre la modernidad cristiana y el islam, en América Latina ocurre entre la modernidad cristiana y las culturas precolombinas "premodernas".
La corrupción del comunismo no es solo económica sino también moral. Tanto en el Norte como en el Sur global, los marxistas culturales corrompen a los niños y al pueblo en general con su "ideología de género". Pero hay que decir que la lucha contra esta es mucho más central para la DRP del Sur que para la del Norte. Como lo advierten Lindsay Mayka y Amy Smith,
[...] tal vez el conjunto único de temas que distingue a la derecha de hoy de aquella en períodos anteriores es la centralidad de la política sexual: la oposición al aborto, los derechos LGBTQ+ y la educación sexual en las escuelas. (2021, p. 4)
Que la lucha contra la "ideología de género" ocupe en América Latina el lugar prominente que ocupa el nativismo en Europa y EE. UU. se debe en parte a que la DRP latinoamericana es más homofóbica y antifeminista que su homóloga del Norte global (Kahhat, 2021). En efecto, no podría haber en Perú o Brasil personajes como Alice Weidel, una mujer lesbiana que lidera el AfD (Alternative für Deutschland [Alternativa para Alemania]), el partido de la DRP alemán. Pero hay que precisar tres cosas.
Primero, la tolerancia de la DRP europea al feminismo y a los grupos LGTBI es hasta cierto punto estratégica. Marine Le Pen, por ejemplo, se jacta de que su partido es el único que defiende los derechos de los homosexuales y de las mujeres contra el machismo islámico. A esto se refiere Gabriele Dietze (2020) con el término "etnosexualismo". La mayor "liberación sexual" de los europeos sería un indicio de que su cultura ha progresado más que la cultura islámica, y el menor progreso de esta sería un argumento para combatirla legalmente o para limitar la inmigración de países árabes o africanos.
Segundo, la DRP europea puede ser más tolerante con los gays, lesbianas y bisexuales, pero no con los transexuales y, además, sigue sosteniendo a la familia patriarcal heteronormativa como el pilar de la nación. Por ello no comparten las metas políticas del feminismo y del movimiento LGTBI. En España, por ejemplo, Vox pretende derogar la Ley de Violencia de Género, suprimir "organismos feministas radicales", sacar el aborto de la sanidad pública y eliminar el matrimonio igualitario. Finalmente, la DRP en Europa del Este es tan o más abiertamente homofóbica y machista que la latinoamericana. Por ejemplo, en 2019, bajo presión de la ultraderecha, algunas municipalidades polacas se han declarado "zonas libres de la ideología de género y LGTBI". De lo cual se sigue que la lucha contra la "ideología de género" no es un tema particular de América Latina sino uno global, y que no puede relegarse (como lo hace Mudde) a un subtema de la corrupción.
Tabla 1 Tabla comparativa de la DRP en Europa, EE. UU. y América Latina
| DRP en Europa y EE. UU. Inmigración ~ Integración cultural (Tema central) | DRP en América Latina Inmigración ~ Integración cultural (Tema no central) |
| Seguridad ~ “Mano dura” contra la delincuencia y la inmigración | Seguridad ~ “Mano dura” contra la delincuencia, la inmigración y las comunidades indígenas |
| Corrupción económica y moral | Corrupción económica y moral (El subtema de lucha contra la “ideología de género” es el tema central de la DRP latinoamericana) |
| Defensa de la soberanía nacional contra políticas progresistas y económicas de instituciones internacionales (NAFTA, UE) | Defensa de la soberanía nacional contra políticas progresistas de instituciones internacionales (OEA, CIDH) |
| Adhesión problemática al neoliberalismo (véase la subsiguiente sección) | Defensa del neoliberalismo ~ Lucha contra el comunismo ~ Defensa del progreso eurocéntrico(Tema central) |
Elaboración propia.
5. Rehaciendo la definición ideológica de la derecha radical popular (primera parte)
Dado que el tema conservador más prominente para América Latina no es la inmigración/integración sino la "ideología de género", sería más justo argüir que la tríada heteronormativismo-autoritarismo-populismo describe mejor a la DRP latinoamericana. Y dado que la lucha contra dicha ideología se da tanto en EE. UU. y Europa Central, del Sur y del Este como en América Latina y Asia, se podría especular que dicha terna describe mejor a la DRP global. Sin embargo, esto sería obviar que, en India, el país con mayor población en el mundo, predomina la tríada religión-autoritarismo-populismo. Por supuesto, el heteronormativismo y el nativismo están también presentes, pero la religión hindú es, para el BJP (Bharatiya Janata Party), el principal agente cohesionador del pueblo indio.
El caso de la DRP en India no es tan diferente al de América Latina, pues aquí el cristianismo es crucial para entender el rechazo a la "ideología de género" y a la revalorización de las culturas de los pueblos originarios. Al asumir el poder después del golpe de Estado a Evo Morales, la nueva presidenta de Bolivia Jeanine Áñez Chávez declaró con una Biblia en la mano: "Gracias a Dios, la Biblia vuelve a Palacio" (El Universal, 2019, s/p).
No quiero decir que la religión sea más importante que el género o el nativismo. Quiero decir que la religión, el género y el nativismo son tres características identitarias para definir al buen pueblo conservador. Como lo explica Michael Minkenberg, la derecha radical "cuestiona la idea y la realidad de la democracia liberal y pluralista mediante la radicalización de los criterios inclusivos y excluyentes de un ‘grupo-nosotros’ [‘we-group’] primario (típicamente la nación), como la etnicidad, la religión y/o el género" (2019, p. 144).
El "grupo-nosotros" de Minkenberg es el buen pueblo que se identifica con la nación. Y lo que hace la DRP es, primero, rechazar la idea liberal de que una nación es un conjunto político que, mediante una Constitución, establece reglas de convivencia para distintos grupos etnoculturales; segundo, recusar la idea democrático-socialista de que el pueblo es un sujeto político de cambio social en el sentido de la igualibertad 6; y, tercero, politizar ciertas características de tipo étnico, religioso y/o de género y exigir que, para ser parte del pueblo-nación, se necesita poseer esas características particulares pero mayoritarias.
Hay que entender bien este punto. El pueblo de la DRP se cierra a la Otredad a partir de una identidad construida desde elementos tradicionales. Es, para ser más directo, un pueblo conservador. Por lo cual se podría argüir que una mejor descripción de la ideología mundial de la DRP obedece a la tríada: conservadurismo-autoritarismo-populismo.
Sin embargo, esta tríada choca contra Mudde y su identificación de conservadurismo y autoritarismo, siguiendo una larga tradición que data de los inicios de la Escuela de Fráncfort y dentro de la cual se encuentra "la personalidad autoritaria" de Adorno et ál. y el "autoritarismo de derecha" (right-wing authoritarianism) de Robert Altemeyer. Mudde concibe el conservadurismo como una entidad inseparable del autoritarismo y, por eso mismo, preserva solo este último término en su terna ideológica (nativismo-autoritarismo-populismo) y lo define como "la creencia en una sociedad estrictamente ordenada, en la cual las transgresiones a la autoridad deben ser severamente castigadas" (2007, p. 23).
Hay varios problemas con esta definición; el principal para nuestro estudio es que no considera la posibilidad de un régimen autoritario de izquierda que atente contra el conservadurismo, como la "revolución vertical" de Velasco Alvarado contra la oligarquía peruana. Ni tampoco la posibilidad de un autoritarismo neoliberal (relativamente) alejado de los valores conservadores, como el gobierno de Alberto Fujimori. Pues una cosa es "la creencia en una sociedad estrictamente ordenada" (conservadurismo) y otra es la creencia en que "las transgresiones a la autoridad deben ser severamente castigadas" (autoritarismo).
Siguiendo los estudios de psicología social de Duckitt et ál. (2010), creo importante separar autoritarismo de conservadurismo. Pero difiero de ellos en definir al conservadurismo como "sumisión autoritaria", es decir, la identificación acrítica y obediente a las instituciones y autoridades grupales (Duckitt et ál., 2010, p. 690). Además, para diferenciarlo del conservadurismo económico del laissez faire, habría que acotarlo usando el término conservadurismo social, que la ECSP (European Center for the Study of Populism) define de este modo: "El conservadurismo social es escéptico del cambio social y cree en mantener el statu quo en lo que respeta a temas sociales como la vida familiar, las relaciones sexuales y el patriotismo" (ECSP, 2023, s/p). Sin embargo, a esta definición le criticaría lo mismo que a la de Duckitt et ál.: no da cuenta de la reflexividad en el conservadurismo.
Frederick Beiser nos ayuda a entender esta falencia al distinguir el "conservadurismo natural" (ya inscrito en el comportamiento) del "conservadurismo moderno" (autoconsciente) que reacciona contra el liberalismo progresista y la Revolución francesa (en Hamilton, 2020). Un conservador moderno aprecia los valores e instituciones que se han desarrollado "orgánicamente" en una sociedad, es decir, valora la tradición. Pero lejos de estar plenamente identificado con ella y pretender repetirla tal cual, el conservador que incursiona en la política, o en la "batalla cultural", la recrea o reproduce de acuerdo con las posibilidades de la época. Así, por ejemplo, el crítico cultural conservador Agustín Laje argumenta que no está en contra del feminismo sino de su acoplamiento con el socialismo. Independientemente de lo que él crea en el fondo, su reafirmación de la tradición no es ciega a los avances de la emancipación femenina. Hay, sin duda, machismo en su propuesta, pero uno diseñado para y por los nuevos tiempos. Propongo, entonces, que el conservadurismo de la DRP es un conservadurismo sociopolítico que recrea políticamente tradiciones (étnicas, sexuales, religiosas) que por lo general existen de manera inestable debido a los procesos de modernización.
Ahora podemos regresar a la conceptualización de Mudde para convertir su tríada en una más universal:
Conserv. soCiopolítiCo-AutoritArismo-populismo
Así, en lo que compete a la DRP, habría que reservar el término "autoritarismo" para actitudes favorables al punitivismo contra delincuentes y corruptos, la expulsión de inmigrantes ilegales o que hayan cometido delitos, la criminalización de la protesta social, el uso del Ejército para resolver el crimen, la persecución de las ONG y de los medios de comunicación opositores al régimen y otras intervenciones ilegítimas en las instituciones públicas que caracterizan a las democracias iliberales. Y habría que reservar el término "conservadurismo sociopolítico" para el recurso reflexivo, autoconsciente, de un movimiento, un partido o un régimen a la religión, al etnicismo y/o a la heteronormatividad.
Ni simplemente conservadora, ni simplemente autoritaria, la DRP es autoritaria para recrear y/o sostener el orden conservador y para hacerlo existir contra el orden político existente. De allí que a esta derecha Mudde le dé correctamente el nombre de radical. La DRP es radical porque pretende modificar principios e instituciones fundamentales del sistema político -provenientes del liberalismo y del socialismo- para hacer existir una sociedad basada en la reedición de valores conservadores. Pero como veremos en lo que sigue, su radicalismo no proviene solo de su conservadurismo sociopolítico y su autoritarismo exceder a la agenda conservadora.
6. Rehaciendo la definición ideológica de la derecha radical popular (segunda parte)
Nuestra revisión de la DRP en América Latina ha echado luces sobre la importancia para ella de la defensa del neoliberalismo. Si bien esta podría ser una particularidad latinoamericana, pienso más bien que es la verdad de la DRP en Occidente y (probablemente) de la DRP en el mundo.
Me explico a través de los casos de Donald Trump y Viktor Orbán. Con respecto a Trump, hubo una diferencia entre el candidato y el presidente. El candidato prometía cierto proteccionismo económico (sacar a EE. UU. del NAFTA, equilibrar la balanza de comercio con China), eliminar programas asistenciales (como Obamacare), reducir los impuestos a los ingresos individuales, poner coto a los intereses de Wall Street y emprender grandes proyectos de infraestructura que diesen empleo a millones. Nótese que el proteccionismo y la regulación financiera son promesas típicamente antineoliberales, mientras que reducir los impuestos y el asistencialismo son promesas típicamente neoliberales
Ya como presidente, Trump no cumplió con eliminar los programas asistenciales debido a la oposición de los congresistas demócratas y a que intercambió con ellos la continuidad de dichos programas por un incremento en el gasto de defensa. Pero sí cumplió con bajar los impuestos, sobre todo a la clase alta y a las corporaciones. Durante el gobierno de Trump el impuesto más alto a los individuos se redujo de 39,6% a 37% y el impuesto más alto a las corporaciones bajó de 35% a 21% (Rasmus, 2020, pp. 128-129).
En cuanto a las promesas aparentemente antineoliberales, Trump hizo el intento de nivelar la balanza comercial con China y modificar los términos del NAFTA. Que no consiguiera lo primero, y que los cambios a lo segundo fueran cosméticos, no quita que tuviera la intención de limitar el libre comercio. Sin embargo, Trump se olvidó de los proyectos de infraestructura que darían empleo a millones y, lejos de poner coto a Wall Street, avanzó aún más que sus antecesores en la desregulación financiera. Si, como observa Nancy Fraser, el Trump candidato prometía un "populismo económico", el Trump presidente dejó de lado "la política populista de redistribución" y "redobló la apuesta por la política reaccionaria de reconocimiento identitario, intensificada al máximo y cada vez más despiadada" (2019, p. 21). Por "política reaccionaria", Fraser se refiere a la prohibición de viajar para ciudadanos de países musulmanes, la negativa a patrocinar casos judiciales pertinentes a los derechos LGTBI, la reducción de la cobertura de seguro para los anticonceptivos, la disminución de las protecciones legales contra la discriminación de mujeres y niñas, etc. De allí que califique al régimen de Trump de "neoliberalismo hiperreaccionario" para diferenciarlo del "neoliberalismo reaccionario" de Ronald Reagan y Georges Bush, así como del "neoliberalismo progresista" de Bill Clinton y Barack Obama (Fraser, 2019, p. 22).
Cuatro reflexiones a partir del caso Trump. Primero, es posible que exista una relación inversamente proporcional entre la altisonancia del discurso conservador y la impotencia para cambiar el sistema neoliberal. Pronto retomaremos este punto. Segundo, el neoliberalismo se enfrenta siempre a límites políticos. Que Trump no haya reducido los programas asistenciales no es evidencia de su antineoliberalismo sino de la fortaleza de sus opositores. Tercero, tampoco prueba su antineoliberalismo que haya querido imponer medidas proteccionistas. Estas pueden funcionar, entre otras cosas, como una manera de cultivar una oligarquía nacional con un fuerte ethos neoliberal (ello se verá más claramente en el caso de Hungría). De lo cual se sigue, por último, que los procesos neoliberales no son iguales en todos los países. Trump intercambió la continuidad de los programas asistenciales por el gasto de defensa porque este era importante para la geopolítica de EE. UU. Pero ese intercambio no es relevante para los países latinoamericanos ya que, por un lado, no tienen que fungir de "policía del mundo" y, por el otro, muchos de ellos no tienen grandes programas asistenciales. Lejos de ser un proceso monolítico, el neoliberalismo se adapta a diferentes contextos, problemas y oportunidades. Por eso Manfred Steger y Ravin K. Roy arguyen que en el mundo hay "neoliberalismos" (2010, p. xi).
Dicho esto se podría pensar que, siendo una personalidad televisiva, estrella del reality The Apprentice, Trump prefiere el espectáculo de las declaraciones altisonantes a la acción política sustanciosa y que, por tanto, no es un buen ejemplo de una velada posición neoliberal de la DRP. Pasemos entonces a la Hungría de Viktor Orbán, que es, según Forti, "el único modelo exitoso al cual todas las otras formaciones ultraderechistas [...] pueden mirar" (2021, p. 105).
Orbán ha tomado decisiones impopulares en la UE, entre ellas, la renacionalización de sectores claves de la economía, la reducción de la propiedad extranjera del sector bancario y la reducción de la dependencia a través de la deuda con instituciones globales neoliberales como el FMI o el Banco Mundial. Todo esto lleva a Dorit Geva a afirmar que Orbán ha creado "un nuevo tipo de régimen post-neoliberal" que habría superado al Estado débil de la ortodoxia neoliberal y que lucha por mantener su autonomía de las instituciones internacionales (2021, p. 72).
Sin embargo, como lo admite el mismo Geva, Orbán ha asegurado la continuidad de políticas neoliberales clásicas como la apertura de "zonas económicas especiales" para atraer capitales extranjeros, el mantenimiento de impuestos bajos para las transnacionales y la flexibilización del mercado laboral. Con respecto a esto último, el nuevo código laboral de 2012 redujo la protección a los trabajadores con respecto a horas extras, daños en el lugar de trabajo, despidos injustos y la capacidad negociadora de los sindicatos (Hungler, 2022).
Hasta aquí podría pensarse en una contradicción entre un programa neoliberal y otro antineoliberal. Pero la contradicción se decanta a favor del primero cuando se analiza con detenimiento los programas supuestamente antineoliberales como, por ejemplo, el chovinismo del bienestar o welfare chauvinism, un asistencialismo reservado a la población nativa. Pues este programa asistencial se inscribe en el modelo del workfare o welfare to work: un modelo implementado en EE. UU. y en el Reino Unido durante la década de 1990 -los años dorados de la globalización neoliberal-, que exigen al individuo el pronto retorno al mercado laboral para poder recibir las prestaciones sociales. Así, en Hungría, los beneficiarios del programa deben aceptar trabajar en obras públicas donde se les pueda pagar no más del 70% del ya de por sí bajo salario mínimo húngaro (Geva, 2021, p. 81).
Es esta atención al detalle la que conduce a Geva a matizar su tesis de la emergencia de un orden posneoliberal en Hungría. De allí que, en la conclusión de su escrito, afirme que "la hegemonía ordonacionalista de Orbán es una avanzada respuesta neoliberal a la crisis del neoliberalismo" (Geva, 2021, p. 87). Se puede ser aún más preciso. Como lo sostienen Neil Davidson y Richard Saull (2017) y también Davide Monaco (2022), los partidos de la DRP se oponen menos a la economía neoliberal que a las instancias de gobierno supranacional asociadas al neoliberalismo. Hungría se ha mantenido firme contra el Tribunal de Justicia de la UE en su negativa a modificar sus leyes y prácticas de inmigración. Pero más revelador fue su bloqueo a la directiva de la UE de imponer un impuesto mínimo de 15% a las corporaciones multinacionales (Malingre, 2022). Pues aquí su "defensa nacionalista" se llevó a cabo en nombre del deseo neoliberal de mantener al país con una ventaja competitiva que atraiga a las corporaciones.
Según Monaco, la visión de los partidos de la DRP como nacionalistas antineoliberales se empieza a formar cuando estos asumen posiciones a favor del mantenimiento del asistencialismo (2022, p. 4). Así, en una publicación influyente, Mudde subraya que la DRP se habría colocado en un centro político "basado en el nacionalismo económico y el chovinismo del bienestar" (2007, pp. 136-137). Más recientemente, Forti diagnostica un viraje a la izquierda en la política económica de la ultraderecha (2021, p. 89). Y siguiendo esta línea de pensamiento, Díaz, Rovira Kaltwasser y Zanotti subrayan que la postura neoliberal de la DRP chilena "marca una diferencia con la DRP europea, la cual se ocupa principalmente del chovinismo de bienestar" (2023, p. 352).
Sin embargo, como lo advierten, entre otros, Monaco (2022), Geva (2021) y Cooper (2017), esta posición ignora una serie de variables. Primero, como ya lo hemos visto, el chovinismo de bienestar se corresponde al modelo anglosajón del workfare. Por eso Geva considera que, en términos asistencialistas, Orbán no ha hecho más que aplicar una "bastante clásica política neoliberal" (Geva, 2021, p. 81). Segundo, el asistencialismo puede funcionar como un paliativo que permite a la población digerir el núcleo de reformas neoliberales. Finalmente, si bien el chovinismo de bienestar presupone el nacionalismo, este no es antitético al neoliberalismo. Que se piense lo contrario se debe al sentido común de que el neoliberalismo es equivalente a la globalización. El neoliberalismo, así entendido, va de la mano con la globalización económica (conecta mercados, favorece la movilidad de capital) y política (promueve la creación de instituciones internacionales como la UE). Pero este es solo un tipo de neoliberalismo al que Adam Harmes da el nombre de neoliberalismo institucional (2011, p. 2). Existe también un neoliberalismo nacionalista que se opone a la globalización política, es decir, a las instituciones internacionales que sujetan a la nación a agendas sociales progresistas y/o a la homogenización de impuestos y regulaciones que puedan afectar las ventajas competitivas de las empresas nacionales (Harmes, 2011, p. 3). En otras palabras, el nacionalismo neoliberal puede percibir que el institucionalismo neoliberal limita las posibilidades de la nación-empresa para competir en el mercado mundial
No se puede identificar el neoliberalismo con las diez recomendaciones del Consenso de Washington. Ni con organismos supranacionales como la UE. Ni mucho menos con la combinación de mercados libres y Estados mínimos. Más allá de sus benignas representaciones ideológicas, hay que concebirlo como "un proyecto para restaurar el poder de clase" (Harvey, 2015, p. 16) que se inaugura con un golpe de Estado en Chile contra el gobierno socialista de Salvador Allende7. Y más allá de sus políticas económicas específicas, hay que enfocarse en las constantes de este proyecto flexible y cambiante: entre ellos, el disciplinamiento de la clase trabajadora, la emancipación del capital industrial y financiero de la regulación estatal y la reorientación del Estado keynesiano hacia uno que potencia al empresariado y que asume él mismo valores y objetivos empresariales8. En tal sentido, el neoliberalismo no implica la reducción del Estado sino de su función redistributiva. Como lo explica Loic Wacquant, el Estado neoliberal es un "Estado centauro", mitad hombre y mitad caballo, un Estado que reserva el liberalismo y sus beneficios para los de arriba (la mitad humana comprensiva) y un paternalismo punitivo para los de abajo (la mitad violenta del animal) (en Jopke, 2021, p. 11).
Entonces, si asumimos que todos los partidos de la DRP se inscriben dentro del neoliberalismo, llegamos a la conclusión de que la DRP en América Latina muestra la verdad (no tan) oculta de la DRP en Europa y EE. UU. En otras palabras, devela que la DRP en Occidente, y quizás en el globo, sostiene el neoliberalismo. Y, de tal forma, habría que cuestionar por qué este tema tan importante no entra en la definición de Cas Mudde de la DRP.
Siendo justos, con su tríada nativismo-autoritarismo-populismo, Mudde define específicamente la ideología de la DRP y no deja de ser cierto que son pocos sus líderes que declaran su afinidad a las teorías de Hayek o de Friedman. Pero yo no me refiero a un compromiso consciente con la ideología neoliberal ni mucho menos a un manejo sofisticado de la misma. Me refiero a que, "espontánea" o inconscientemente, la DRP ha hecho suya esta ideología al asumir en la práctica que el empresariado es el motor del progreso y que el rol del Estado es ayudarlo a superar sus obstáculos. Como lo saben Louis Althusser (1974) y Slavoj Žižek (1999), la ideología se encuentra no solo en el pensar (en la interiorización de un discurso persuasivo), sino también en el hacer (en la objetividad de la conducta). En cualquier caso, se debe incluir al neoliberalismo en la definición ideológica de la DRP. Pues debe quedar claro que lo que parece una alternativa en realidad no lo es, y que es, más bien, un subterfugio que permite la continuación de un proyecto de clase.
La ideología de la DRP obedece entonces a la tétrada:
Neoliberalismo-Conservadurismo Sociopolítico-Autoritarismo-Populismo
Si mi uso del término neoliberalismo perturba a algunos, concedo que se le llame ultraliberalismo (dentro del cual entrarían el libertarismo, el anarcocapitalismo, el neoliberalismo nacionalista y el institucional, etc.). Lo que debe quedar claro es que la DRP es parte de un proceso por favorecer al capital sobre el trabajo que lleva cerca de medio siglo de desarrollo expansivo y al cual durante este tiempo se le ha dado el nombre de neoliberalismo.
7. Conclusiones
Nuestro recorrido por la DRP en América Latina de-muestra que esta difiere de la de Europa y EE. UU. en que es abiertamente neoliberal y su conservadurismo se orienta menos contra la inmigración que contra la "ideología de género". A partir de allí he propuesto cambiar la tríada ideológica de la DRP de Mudde:
NATIVISMO-AUTORITARISMO POPULISMO, por la tétrada:
NEOLIBERALISMO-CONSERVADURISMO SOCIOPOLÍTICO-AUTORITARISMO-POPULISMO"
Y he deslizado la idea que la DRP no es una alternativa al proyecto de clase neoliberal sino un subterfugio conservador interno a él. En palabras de Davidson y Saull, es una "‘oposición interna’ o tubo de escape a la rabia, inseguridad y sufrimiento desde adentro al universo político-económico neoliberal" (2017, pp. 714; énfasis agregado).
A pesar de que esta hipótesis está hecha para "los "perdedores de la globalizacion" del Norte, se detecta un odio similar en quienes aspiran a triunfar en el Sur. Según Pablo Semán y Nicolás Welschinger (2022), existe entre los jóvenes argentinos que votan por Milei una subjetividad basada en "empoderamiento, autonomía personal optimización del yo y emprendedurismo" (p. 284). Pero estos son, en realidad, viejos valores que se han afianzado en los países latinoamericanos durante la globalización neoliberal (que aún no termina). Y por tanto se podría especular que, en estos países, el reverso del empoderamiento del sujeto emprendedor es el odio contra quienes supuestamente amenazan la existencia del buen pueblo conservador. En otras palabras, gracias al dispositivo psicopolítico ultraderechista, el malestar contra un proyecto de clase que redistribuye hacia arriba, y que encima tiene el atrevimiento de responsabilizar al sujeto por sus "carencias" y "fracasos", permanece mudo, inarticulado, y se convierte en un odio cultural militante hacia el Otro que amenaza "nuestra" identidad (los inmigrantes, los pueblos originarios, las feministas, los grupos LGTBI, los ecologistas, los comunistas, etc.).
Sin embargo, como lo vimos arriba, no es solo el "tubo de escape conservador" el que hoy pone en jaque a la democracia liberal. Pues el neoliberalismo ya la había puesto en cuestión a través de la despolitización de la economía, es decir, mediante la realización del sueño de Hayek de mantener a la economía a salvo de las decisiones político-democráticas (Brown, 2019; Streeck, 2017). Así, por ejemplo, las instituciones supraestatales de la UE limitan seriamente la deliberación popular de sus naciones-miembros con respecto a la política fiscal, económica y social (Streek, 2017, pp. 278-279).
Además de la despolitización de la economía, el neoliberalismo trae consigo la economización de la política, es decir, la expansión de la lógica empresarial hacia la política misma. A esto llama Wendy Brown la razón neoliberal y sostiene que su omnipresencia
[...] en el arte de gobernar y en el lugar de trabajo, en la jurisprudencia, la educación, la cultura y una amplia gama de actividades cotidianas, está convirtiendo el carácter político distintivo [...] de la democracia en económico. Es posible que las instituciones, prácticas y hábitos de la democracia liberal no sobrevivan esta conversión. (2015, p. 17)
Hoy, cuando escuchamos en los medios de comunicación hegemónicos sobre los graves peligros que presenta para la democracia liberal la "derecha bruta y achorada", hay que recordar que esta también adquiere su impulso iliberal del avance del neoliberalismo. Y cuando oímos que la izquierda debe ser consciente de su debilidad y acercarse al neoliberalismo progresista para al menos salvarnos de los "monstruos de feria" antidemocráticos ultraderechistas, hay que contemplar que estos no son los únicos monstruos.
